Lograr un autógrafo de un famoso como Julio Iglesias tiene mérito. Hace falta coincidir con él en lugar, fecha y hora, acercarse, alargar la mano, enseñarle la hoja, pedirle la firma y confiar en su carácter campechano. Si ese papel llevara un membrete oficial del Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia y un texto en el que se le cita a declarar como testigo en una causa penal, haría falta una conjunción de mil circunstancias más. Sería como enrolarse en una misión imposible. Quizás por ello, el juez Luis Carlos Presencia Rubio, que instruye la causa de la presunta malversación de fondos, falsedad documental y delito fiscal en la firma y ejecución del contrato B entre Julio Iglesias y el IVEX, ni lo intenta. La Audiencia de Valencia reabrió el archivo de la causa, hace ahora un año, y ordenó al juez que citara a declarar al artista, a su representante y a otras cinco personas.
De momento no hay novedad. No es que Julio Iglesias sea tan escurridizo como Julian Assange, el padre de WikiLeaks, es que en cinco años y dos meses —desde que el PSPV presentó la querella hasta el archivo, después levantado— el instructor ni siquiera se había planteado pedir el testimonio del beneficiario de al menos mil millones de pesetas libres de impuestos. Dinero pagado por la Generalitat en buena parte en paraísos fiscales y, según la Audiencia de Valencia, la Agencia Tributaria y varios testigos, valiéndose de facturas falsas por servicios que no fueron «realmente prestados».
A 67 km del despacho del juez
La última decisión del juez, del pasado 27 de julio, ha sido rechazar la petición de los letrados de la acusación popular de aprovechar la gira que el artista está dando en España este verano y, en especial, su actuación en Gandia para entregarle la citación a través de la policía judicial. El artista cantará mañana a las 23 horas a 67 kilómetros del despacho de Presencia Rubio, pero éste no acaba de ver la manera de dar con el rey de la canción romántica. «La realización de dichos eventos [en alusión los seis conciertos veraniegos] no significa que el testigo esté en dicho lugar con anterioridad o posterioridad al acto, desconociendo su alojamiento, su horario, entre otras cosas...». Es la razón dada por Presencia Rubio para desestimar la petición de los letrados del PSPV, José Luis Vera y Virgilio Latorre, de comunicarle al cantante que ha de ir a declarar.
La acusación ha recurrido esta negativa. Los letrados del PSPV alegan que la Administración de Justicia tiene «herramientas» para «averiguar dónde se aloja el Sr Iglesias». Entre otras cosas, porque en la documentación aportada al juzgado constan los organizadores.
En el caso de Gandia, es el propio ayuntamiento quien monta una actuación que fue una de las promesas electorales del nuevo alcalde Arturo Torró. Otra, traer a cantar a Tom Jones, quien dará un recital el martes. Con todo, el PSPV le aclara al juez que tampoco hace falta saber dónde se hospeda el artista para darle la citación. La acusación tiene «la certeza de que a la hora exacta de los eventos, el Sr Iglesias va a estar en los diversos lugares indicados». Los letrados van más allá al dar pistas de cómo podría la policía judicial localizar al cantante para darle la citación al indicar que éste «tendrá que entrar y salir de los recintos».
En el recurso, la acusación invoca el artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que obliga a practicar la «fase de instrucción sin demorar las diligencias» y le recuerda al juez que él mismo aceptó —no le quedaba otra— el 21 de septiembre de 2010 la práctica de esta testifical a través de la «cooperación internacional en atención al lugar de residencia del Sr Iglesias».
El juzgado ordenó, en octubre de 2010, a la policía que averiguara si Julio Iglesias seguía residiendo en Miami, como en 1997, 1998 y 1999, años en los que se ejecutaron los pagos del IVEX. El artista vendió su casa en Indian Creek en 2001.
Quedan dos oportunidades
La acusación remitió al juzgado toda la información sobre los seis conciertos de esta gira española de verano. El de Gandia es el penúltimo recital. El PSPV reprodujo el cartel (que ilustra esta información) a un tamaño mayor que el resto para subrayar que cae cerca de la Ciudad de la Justicia. El 20 de agosto actuará en el Estadio Adolfo Suárez de Ávila, en el que será el recital que echará el telón a la «tournée». El contrato y el coste de la actuación de Gandia es un secreto. Los socialistas han solicitado esta información al alcalde Torró, quien se ha negado a ofrecerla.
El juzgado ya tiene tres direcciones para llamarlo
Punta Cana, Miami y Ojén. El juez que investiga la presunta malversación, falsedad documental y delito fiscal en los millonarios pagos del IVEX a Julio Iglesias tiene estas tres direcciones del cantante a las que puede remitir la citación para que declare en la causa, de momento como testigo. Enterado de que la Sección Tercera de la Audiencia de Valencia había levantado el archivo del caso, en julio de 2010, y ordenado al juez que practicara las testificales, y cuando tuvo conocimiento de que la policía ya estaba haciendo las pesquisas para localizarlos, el representante del artista, Luis Fernando Esteban, decidió remitir una carta al juzgado. En la misiva, aportó su propio domicilio a efectos de recibir la citación, el de la oficina de Miami que representa los intereses de Julio Iglesias y el de la casa en la que el cantante tiene fijada su residencia en Punta Cana, en República Dominicana.
El juez Presencia Rubio intentó averiguar si el artista seguía en la capital de la Florida para tomarle declaración por exhorto. La acusación popular, que está representada por el PSPV, comunicó al juzgado que Julio Iglesias tiene una vivienda en Ojén (Málaga) para que le remitiera la carta allí.
En la capilla privada de esa mansión, Julio Iglesias se casó con Miranda Rijsburguer, la que es su pareja desde hace más de viente años. A instancias de la acusación, la policía llamó al jefe de seguridad del cantante y éste corroboró que efectivamente Julio Iglesias tiene casa en el municipio malagueño. El artista «suele ir con bastante asiduidad al mencionado domicilio», explicó el empleado del cantante a la policía.
Con todo, y pese a constar ya hasta tres direcciones diferentes en el juzgado, no ha sido citado a declarar. Ni en casa, ni cuando sale de gira por España, como ha sucedido este verano. Nadie ha pisado el juzgado desde que se reabrió el caso por decisión de la Audiencia Provincial.
