Más de la mitad de las 54 plazas convocadas este año por la Conselleria de Educación para el cuerpo de inspectores en la Comunitat Valenciana han sido ganadas por afiliados o cargos del Partido Popular e, incluso, vinculados directamente a este departamento. En esta ocasión, las pruebas, realizadas el pasado mes de julio y cuya lista de seleccionados salió publicada este lunes, han sido valoradas por un tribunal sujeto a ley y sorteado bajo la vigilancia de los representes sindicales, que habían recurrido el procedimiento anterior.

No obstante, el nombre de los opositores es prácticamente un calco de los que se presentaron a la convocatoria de 2007 anulada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana porque las personas que debían evaluar a los aspirantes habían sido nombradas a dedo por responsables de la misma conselleria.

En cumplimiento de esta sentencia, Educación tuvo que repetir en julio pasado las oposiciones realizadas hace cuatro años, pese a que los 34 profesores que obtuvieron plaza fija de inspectores ya estaban desempeñando la labor, a la vez que convocó con un año de retraso las correspondientes a 2010.

En el listado de aprobados tras la repetición de 2007 vuelven a estar Alejandro Santiago Amposta Amiguet, que aparecía en las listas del PP de Vila-real -las mismas en las que figuraba el es exconseller Alejandro Font de Mora-; Beatriz Díaz Morcillo, teniente de alcalde de Algemesí por el mismo partido; uno de los inspectores que decidió expedientar al director del instituto Las Norias; o la anterior directora territorial de Educación, Nieves García Brizuela, y la actual, Virginia Jiménez Martínez. Se da la circunstancia de que el presidente del tribunal y responsable de la inspección educativa ha tenido que examinar a su jefa y compañera de departamento, aunque fuentes sindicales consultadas no dudan de su honestidad.

En las listas de aprobados por la convocatoria de 2011, otras veinte plazas, vuelven a aparecer entre quienes han obtenido un puesto cargos del PP o familiares (Alfonso Benaches, secretario general de en Silla, o Rafael Pellicer, exalcalde de Catadau).

Además, algunos de los aprobados en las oposiciones de 2007 lo vuelven a estar en la de 2010 e, incluso, hay dos mujeres con los mismos apellidos pero distinto nombre en un listado y en el otro.

Es una constante que en la inspección educativa se reproduzcan polémicas, dado que representa la culminación de la carrera docente para muchos profesores, aunque en este caso hay personas muy jóvenes entre los aprobados. Las hubo en 1995, cuando el PP anuló plazas convocadas por el PSPV y las ha habido a lo largo de los mandatos del PP, con denuncias de nombramientos a dedo.

La última ocasión ha sido la de la convocatoria citada para proceder al acceso del Cuerpo de Inspectores por una orden del 24 de abril de hace cuatro años. Las 34 personas que la conselleria nombró, en la práctica, a dedo al ser seleccionados por un tribunal formado por miembros de la Administración vieron en febrero de 2011 cómo perdían el puesto tras la sentencia del TSJ, de octubre de 2010, que dio la razón a los sindicatos FETE-UGT y CC OO que habían recurrido las oposiciones.

La conselleria se vio obligada a publicar la resolución acatando la sentencia, aunque lo hizo con cuatro meses de retraso.

Tanto FETE como CC OO recordaron entonces que "desde el inicio del Consell del PP en 1995, es un hecho incuestionable que la conselleria ha ido designando con carácter provisional en puestos de la inspección a un gran número de personas significadas por su militancia política en el Partido Popular". En esta ocasión, se supone que el procedimiento ha sido, al final, conforme a Derecho.