Bonig cree que el proceso de unificación y simplificación de la legislación en materia urbanística que ha iniciado el Consell, obligará a "cambiar el chip" a alcaldes y promotores en relación a estas tramitaciones. La consellera insiste en la necesidad de poner fin a la excesiva demora que actualmente sufren los procesos de modificación de planeamientos urbanísticos y que, a su juicio, repercuten en una pérdida de competitividad del territorio. "No puede ser que la revisión de un PGOU de cualquier municipio, por pequeño que sea, tarde nuevo o diez años, eso es imposible, no es competitivo, porque paraliza iniciativas económicas e inversiones; es desesperante como saben la mayoría de alcaldes", afirma la exalcaldesa de Vall d'Uixó.
Así, la consellera cree que la nueva estrategia territorial aprobada en enero de 2011 permitirá que potenciales inversiones "como la de IKEA", u otras relacionadas con los servicios, cultura, salud o deporte, se materialicen con mayor rapidez. "Esto obligará a cambiar el chip a funcionarios, políticos, alcaldes, técnicos, promotores e inversores, todo el mundo sabrá perfectamente cuáles son los procedimientos a seguir y la documentación necesaria", ha añadido. "La normativa europea y estatal generada en los últimos años ha generado falta de criterio, solapamiento de competencias e inseguridad jurídica, que es lo peor que le puede ocurrir a un país. Lo hemos visto con los gobiernos socialistas", según Bonig.
Además, el Consell pretende tener listo en un año "aproximadamente" una Ley de Actividades Estratégicas Territoriales que agilice aquellas iniciativas empresariales que "aporten valor añadido al territorio, competitividad e innovación". "Sin que sea un coladero" -insiste Bonig- esta Ley permitirá a la iniciativa privada agilizar sus inversiones con mecanismos legales rápidos y eficientes. "Realmente existe una gran demanda, cualquier alcalde conoce proyectos e ideas que se podrían instalar en su municipio. Se trata de pequeños hipódromos, balnearios, centros deportivos, superficies comerciales, concesiones en zonas marítimas, centros de investigación o clínicas", ha apuntado.
Críticas al Gobierno central
Por otra parte, la consellera ha lamentado el incumplimiento del convenio suscrito con Fomento para el desarrollo del denominado tren de la costa, entre Gandia y Alicante. Según Bonig, el Estado únicamente ha presupuestado 0,5 millones de euros de los 3.000 comprometidos para esta infraestructura, "ni siquiera ha firmado el protocolo, que le ha sido remitido en varias ocasiones". En este sentido, la consellera de Infraestructuras espera que el reciente acercamiento entre el president de la Generalitat, Alberto Fabra, y la delegada del Gobierno en la Comunitat, Ana Botella, contribuya a "desbloquear" alguno de estos proyectos.
"La Comunitat ha sufrido una actitud sectaria por parte del Gobierno en los últimos siete años en cuestiones como el trasvase del Ebro, el 'parany', el Cabanyal o las desalinizadores, por poner algunos ejemplos, y al final el perdedor es el ciudadano. No es de recibo que el PSOE intente ganar machacando a quienes simplemente miran por sus intereses", ha concluido.
