30 de septiembre de 2011
30.09.2011
Licitación

Un juez investiga por falsificación 50 ofertas al concurso de FM anulado por el Consell

30.09.2011 | 03:58

La Generalitat inició las pesquisas hace un año, al contactar con una ingeniero a la que supuestamente le suplantaron la firma en varios proyectos, igual que a otro técnico - Un despacho de Madrid hizo las propuestas - El Consell acudió al fiscal, que denunció en el juzgado

El Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) publicó el pasado lunes, 26 de septiembre, las razones por las que el Consell ha decidido declarar desierto el concurso convocado el 23 de febrero de 2007 para adjudicar 31 emisoras de radio de FM. La resolución «tardía» habría «viciado» la selección de los aspirantes, venía a decir la vicepresidenta Paula Sánchez de León. En cuatro años y siete meses, indicaba, han cambiado las circunstancias jurídicas, las del mercado e incluso las corporativas de las empresas que concurrieron.
La verdad oficial emitida generó interferencias que evitaron percibir las dos razones de peso que, según diversas fuentes, han abocado al Consell a enterrar el proceso de adjudicaciones: la indecisión política del Gobierno de Camps sobre a quién agraciar con emisoras muy deseadas (en especial las de Valencia, Alicante, Gandia o Alcoi) y el escándalo judicial derivado de ese proceso. El titular del juzgado de Instrucción número 10 de Valencia, José Luis Rubido, investiga desde marzo la presunta comisión de presuntos delitos de falsedad documental en cincuenta proyectos técnicos presentados por ocho empresas de comunicación que optaban a licencias de FM.

Dos ingenieros «ajenos» a todo
Según las declaraciones de varios representantes de las aspirantes a adjudicatarias ante el Grupo de Delitos Tecnológicos de la policía o en el propio juzgado, las propuestas bajo sospecha fueron encargadas al despacho «Díez & Romeo Abogados», de Madrid, que prepara pliegos en este tipo de convocatorias. Todas las ofertas estaban avaladas con la rúbrica y el número de colegiada de una ingeniero de telecomunicaciones que trabaja en una consultora de Barcelona o por un ingeniero que prestó sus servicios en el citado despacho madrileño, pero niega la autoría de los proyectos. Fue la propia Generalitat la que, en agosto de 2010 y a través de la directora general de promoción institucional, Dora Ibars, inició las pesquisas, tras recibir una alerta. Ibars remitió una carta a la técnico catalana, que aclaró que nunca ha rubricado un proyecto a título personal y que ni siquiera había trabajado para ese despacho madrileño. El Consell puso el asunto en manos de sus servicios jurídicos, que remitieron el expediente a la Fiscalía. Ésta que presentó denuncia en el juzgado. La Mesa de Contratación llegó a reunirse un par de veces (en diciembre de 2010 y febrero de 2011) tras dar diez días de plazo a las empresas investigadas para que presentaran alegaciones. Una de las firmas adujo un «error tipográfico al aportar el nombre del técnico» responsable del proyecto y en otro caso aseguraban que la ingeniero les había autorizado verbalmente la rúbrica. «Ante la inconsistencia de las alegaciones», señaló el órgano de contratación, se decidió dar traslado al fiscal y puntuar con un cero las propuestas técnicas.

El fiscal habla de estafa
La primera decisión del juez Rubido fue instar a la policía a tomar declaración a empresarios y técnicos. El pasado mes de junio, la policía remitió un informe al juzgado en el que, entre otras, se incluía la testifical del ingeniero al que presuntamente le suplantaron su rúbrica. Explicó que sí que había trabajado en el despacho de abogados al que las ocho empresas encargaron las propuestas «durante el mes de abril de 2007, cuando fueron realizados los visados de los trabajos». Pero, preguntado por si participó en los estudios para las empresas «Formatos Publicitarios e Innovaciones Sonoras SL» y «Spectrum FM Costa Cálida y Costa Blanca», respondió un «no» tajante. Es más, añadió que nunca ha trabajado en proyectos para empresas valencianas.
El pasado 12 de septiembre, la Fiscalía se opuso al archivo del caso, solicitado entre otros por la empresa Wandu Media, firma que recordó que la falsedad en documento privado prescribe a los tres años. El ministerio público invocó la doctrina del Supremo para sostener que la falsedad podía entenderse que era en documento oficial dado que ese proyecto se concibió para ser presentado al concurso. Añadió un segundo presunto delito de estafa en grado de tentativa. En ese caso no habrían transcurrido los cinco años de prescripción.

La batalla por dejar de ser pirata en Valencia

El escándalo judicial fue la espoleta que hizo estallar el concurso para adjudicar 31 licencias de FM convocadas por el Consell. El Gobierno de Camps acumulaba mucho retraso ante las dudas sobre a quién conceder unas frecuencias que han sido durante cuatro años y medio objeto de deseo de quienes están emitiendo con antena pirata o aquellos otros que pretenden ampliar su cobertura. Desde Radio María —la emisora de «L´Osservatore Romano»—, hasta Intereconomía, pasando por la COPE, eran muchos los pretendientes de las dos concesiones pendientes en la ciudad de Valencia. Gandia, Alcoi, Castelló o Alicante tienen libres frecuencias que resultan muy apetecibles. El Consell sigue sin conceder 31 licencias de radio, mientras reclama un tercer múltiplex al Gobierno para que televisiones como TV3, a la que multó, puedan emitir. f. a. valencia

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