El informe elaborado por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y los servicios de Inspección de la Conselleria de Infraestructuras, Medio Ambiente y Territorio sobre los 6 contenedores de residuos procedentes del Puerto de Valencia descubiertos en Brasil ha concluido sin que pueda inferirse la existencia de un delito.
Ni siquiera existe una falta administrativa, según asegura el director general de Calidad Ambiental Vicente Tejedo, por lo que no cabe la intervención de la Generalitat Valenciana.
La Aduana de Brasil y los servicios sanitarios de este país intervinieron e inmovilizaron en el puerto de Itajaí 60 toneladas de residuos plásticos alojados en seis contenedores que habían sido embarcados en el puerto de Valencia el pasado 23 de julio.
Según la documentación intervenida por las autoridades brasileñas, los residuos estaban declarados como balas de plástico con destino a su transformación en placas de PET para la fabricación de nuevos envases, aunque este extremo no está acreditado.
El plástico viajó comprimido en balas con la etiqueta de Ecoembes, el Sistema Integrado de Gestión (SIG) que tiene un contrato con la Generalitat Valenciana para la gestión delegada de los envases y residuos de envases.
Según Vicente Tejedo, el plástico aparecido en Brasil tiene la condición administrativa de material reciclado, "no de residuo" y "escapa" a las competencias del departamento autonómico.
Esa es, en esencia, la conclusión a la que han llegado las autoridades valencianas en colaboración con el Seprona tras recibir información de Ecoembes sobre la procedencia de los residuos de plástico y seguir su trayectoria hasta que fueron embarcados.
"El plástico procedía de una planta de tratamiento de la Comunitat Valencianas y al parecer fue la propia Ecoembes la que no se quiso hacer cargo de ese material porque entendía que presentaba deficiencias o no alcanzaba los mínimos de calidad que exige", explicó Vicente Tejedo.
Las balas de plástico con la etiqueta de Ecoembes que situaba su procedencia en la planta de FCC en Campello (Alicante), fueron remitidas a un transitario con el que, al parecer, según Tejedo, mantienen un contrato "comercial".
Vicente Tejeda sostiene, de acuerdo a sus informes, que no existe nada "irregular" en estas transacciones y aventura que la intervención de la Fiscalía y las autoridades sanitarias y de medio ambiente de Brasil actuaron es porque la carga "llegó en malas condiciones".
El episodio ha puesto de manifiesto la existencia de un tráfico de residuos de plástico via marítima hacia Brasil y otras potencias económicas emergentes.
Además del transitario responsable del envío a Brasil, la conselleria de Medio Ambiente ha inspeccionado en las últimas semanas instalaciones en las que se acumulan los residuos de plástico antes de su embarque en contenedores. Sin embargo, apuntó Tejedo, la competencia medioambiental solo obliga a comprobar que el depósito reúne unas condiciones mínimas. La conselleria ha interpuesto una sanción de 300 euros a una de estas empresas por deficiencias "leves".
