El pleno de Les Corts Valencianes ha rechazado hoy, con los votos en contra del PP y a favor de la oposición, crear comisiones de investigación sobre el accidente de metro del 3 de julio de 2006, en el que fallecieron 43 personas, y sobre las ayudas a la cooperación de la Conselleria de Solidaridad.

La comisión sobre el accidente de metro había sido pedida por Esquerra Unida para "depurar las responsabilidades pertinentes" de un siniestro en el que murieron 43 personas y resultaron heridas 47, y para establecer mejoras en la línea 1 de Metrovalencia.

Durante el debate, que ha sido seguido desde la tribuna de invitados por representantes del Asociación de Víctimas del Accidente 3 de Julio, la portavoz de EU, Marga Sanz, ha criticado la "lamentable pasividad" del Consell, que no ha asumido responsabilidades ante un accidente del transporte público.

Para Sanz, es una cuestión de "justicia" y de "decencia política" devolver la "dignidad" que se ha negado a los familiares durante cinco años, a los que el president de la Generalitat no ha querido recibir, por lo que ha instado a reabrir una comisión que se cerró "en falso" para saber si se pudo evitar "el mayor accidente de metro de la historia de Europa".

El diputado del PP Rafael Maluenda ha señalado que ya se ha hecho "hasta la saciedad" un debate en Les Corts sobre un accidente del que no se pueden derivar responsabilidades políticas, y ha criticado que la oposición quiera sacar "rentabilidad política" de ese "triste y lamentable" accidente.

La diputada de Compromís Mónica Oltra se ha preguntado por qué no se investigó la desaparición del libro de averías del convoy accidentado o se desecharon "pruebas de descarrilamientos anteriores", y la socialista Carmen Ninet ha dicho que "por decencia y honestidad" se debe saber qué ocurrió.

Por otra parte, EU pedía una comisión de investigación sobre las ayudas de cooperación para analizar las "graves sospechas de corrupción", algunas de ellas investigadas por la Fiscalía Anticorrupción, así como la supuesta red de organizaciones que habrían desviado dinero de ayudas al Tercer Mundo a empresas "afines" en 2009 y 2010.

La diputada del PP María José García ha sostenido que la documentación relevante sobre esta cuestión fue remitida a la Fiscalía, que no encontró "responsabilidad alguna", que la Sindicatura de Comptes ha reconocido el "cumplimiento y rectitud" de los procesos de adjudicación y las ONG "se pusieron del lado de la Conselleria".

A su juicio, la petición de una comisión "no pretende aclarar nada, sino insistir en una realidad inexistente".

Finalmente, todos los grupos han acordado por unanimidad la creación de una comisión de estudio de las técnicas y de las actuaciones para mejorar el rendimiento escolar y las posibilidades de empleo de los jóvenes.