Un expediente de regulación de empleo que puede suponer el despido de 108 trabajadores de los 260 que componen la plantilla, la desaparición de trece de las 25 líneas de investigación y un procedimiento laboral para reducir el sueldo a los 150 investigadores y trabajadores que se queden en el centro son las primeras medidas que anunció ayer la dirección del Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) a los representantes de los trabajadores, "para mejorar la situación financiera del centro".
La dirección ha comunicado a través de una nota de prensa que la extinción de los 108 contratos de trabajo -70 de los cuales son investigadores- se han realizado sobre "criterios objetivos referidos a la productividad, la evaluación de organismos externos como la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva o el Instituto de Salud Carlos III.
El centro apunta que otros factores que se han tenido en cuenta han sido la capacidad de autofinanciación de los grupos, el nivel de excelencia de los mismos según las bases del Programa Severo Ochoa (al que no pudo concurrir ninguno de los 25 laboratorios) y la desaparición del programa de Medicina Regenerativa que tenía que haber sido financiado con fondos del Ministerio de Ciencia (1,7 millones) y de la Conselleria de Sanidad (2,1 millones).
Tras la comunicación del ERE y del procedimiento de modificación de las condiciones de trabajo, el Comité de Empresa dispone de treinta días de periodo de consulta para presentar alegaciones.
"Criterios sui géneris"
De momento el presidente del comité, el investigador Rafael Pulido, declaró a Levante-EMV que los criterios que han utilizado para hacer la criba laboral no son "ni rigurosos ni objetivos" por lo que a su entender, "el expediente no puede ser aprobado porque el número de despidos no se justifica por la calidad de los trabajos, ya que se ha realizado con criterios subjetivos y sui géneris".
La dirección del Centro Príncipe Felipe comunicó ayer a los trabajadores que se espera alcanzar acuerdos para "recolocar" a cuarenta empleados que podrían ser 56 si los acuerdos prosperan, "lo que representa el 21,5 % de la plantilla actual", apuntó la dirección que indicó que doce de los 108 contratos que se extinguirán con la aplicación del ERE finalizan a finales de año.
La dirección del centro de investigación ha informado e la privatización de los servicios de Protección Radiológica, Mantenimiento e Infraestructuras y la desaparición de los servicios tecnológicos de Citómica, Cribado y Microscopía Electrónica.
Las medidas de ahorro contemplan también una reducción de todo el personal adscrito a los servicios y áreas de gestión.
Las doce líneas de investigación que continuarán son los laboratorios de Biología Celular, Genética Molecular, Neurobiología, Patrología Celular, Bioinformática y Genómica, Genómica Estructural, Genómica de la Expresión Génica, Genómica Evolutiva, Expresión Genética acoplada a Transporte de ARN, Polímeros Terapéuticos, Bioquímica Estructural y Neuroendocrinología Molecular.
En cuanto a la continuidad de estos grupos, el portavoz del Comité de Empresa declaró que lo tendrán muy difícil: "No pueden sobrevivir científicamente si les quitan el personal, "la investigación y la ciencia que están haciendo no podrán mantenerla, por mucho que digan que dejan a los doce mejores grupos".
"Si el centro no lo cierran en este ERE lo cerrarán el año que viene con otro ERE parecido", agregó el presidente del comité.
En la interpelación que planteó Esquerra Unida en las Corts sobre las medidas que se han adoptado en el Centro de Investigación Príncipe Felipe, la diputada Marga Sanz calificó de "inédito" que pretendan desmantelarlo a los seis años de su apertura y criticó el "plan de viabilidad" de la Conselleria de Sanidad que ha consistido en suprimir el programa de Medicina Regenerativa, eliminar las unidades mixtas que se mantenían con las universidades y la reducción drástica de la plantilla de investigadores.
