27 de octubre de 2011
27.10.2011

La ETM retirará la publicidad que lucían sus buses desde hace siete meses

Los autocares de la Generalitat y las vallas exhiben los anuncios que el Congreso quiere quitar de los diarios

27.10.2011 | 03:41
Autobús de una empresa de la Generalitat, con el anuncio del Club París, ayer en Valencia.

Los partidos políticos instaron al Gobierno a "promover la autorregulación dentro de la prensa diaria encaminada a eliminar la publicidad de mujeres prostituidas". Esta proposición no de Ley aprobada por unanimidad el pasado 21 de septiembre pide al Ejecutivo "solicitar a los medios de comunicación que en el marco de sus códigos deontológicos se planteen la renuncia a la publicidad relacionada con el comercio sexual para impedir el negocio de las organizaciones mafiosas dedicadas al comercio sexual". No es una prohibición (la iniciativa original quedó rebajada), pero sí que reclama explícitamente al Gobierno que "promueva la desaparición de los anuncios de prostitución en la prensa diaria".

A sus señorías se les olvidó, sin embargo, que los grandes prostíbulos disponen desde hace años de webs y que sus servicios se anuncian, asimismo, en muros y vallas publicitarias. Pero es que, además, en Valencia, cuya Pobla de les Fembres Pecadrius fue famosa entre los XIV y XVI, los lupanares se anuncian desde hace meses en la parte trasera de algunos autobuses de la Entidad de Transporte Metropolitano (ETM), empresa de titularidad pública. Son carteles de gran tamaño en los que aparecen mujeres en posiciones insinuantes y ligeras de ropa sobre lemas como "tu cita con el placer", junto al número de teléfono, la web y la dirección de los prostíbulos que anuncian.

Ayer, sólo después de que el diario Público divulgara el caso de los autobuses públicos de Valencia que anuncian locales de citas y páginas de contactos (y que ya se pudieron ver por las calles el pasado mes de abril), la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, reaccionó de forma tímida asegurando que no le parecía "ético" esta publicidad en los autobuses, pero que "no se puede rescindir el contrato así como así" a la empresa que gestiona la publicidad de los vehículos porque el pliego tiene unas cláusulas "entre las que no consta nada en materia de publicidad".

Sin embargo, unas horas después, la Agencia Valenciana de Movilidad, dependiente de la Generalitat, comunicó que ha exigido a una de las empresas operadora del servicio de transporte metropolitano (Metrobús) que en tres días suprima los carteles dispuestos en la trasera de algunos autobuses con "anuncios de clubes de alterne".

En el comunicado, la agencia pública señaló que la empresa operadora no era conocedora de esta situación, ya que el alquiler de los espacios lo efectúa a través de una empresa de medios, que es la que consigue los anunciantes y que va a cambiar los anuncios. Según la Generalitat, las imágenes que actualmente ocupan toda la trasera de varias líneas de autobús "incumplen claramente los requisitos de imagen y de medidas de Metrobús".

Rita Barberá se desvincula
Por su parte, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, insistió ayer que las líneas de transporte que muestran carteles publicitarios sobre una página de contactos "no son municipales", y tachó de "absolutamente falsas" las declaraciones que vinculen ese servicio al consistorio.

De la "prohibición" a la "autorregulación"
La proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto sobre la publicidad relacionada con el comercio sexual y aprobada por todos los grupos hace un mes, emplazó al Gobierno a promover en colaboración con las comunidades autónomas campañas de sensibilización social contra la explotación sexual y los soportes publicitarios vinculados. También compromete al Gobierno a que en el plazo de cuatro meses, desde la emisión del respectivo Informe del Consejo de Estado, remita al Congreso de los Diputados una propuesta que promueva la desaparición de los anuncios de prostitución en la prensa. Aunque la propuesta inicial del diputado de UPN Carlos Salvador pretendía prohibir directamente los anuncios de contacto en prensa escrita -que reportan unos 40 millones de euros al año a las editoras-, la proposición final no habla de prohibición, sino de promover la "autorregulación".

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