El escándalo judicial que salpica al Instituto Nóos, que presidió Iñaki Urdangarín hasta que cedió el testigo a su socio Diego Torres, ha saltado de las Baleares a la Península. Agentes de la Policía judicial se personaron este lunes en la sede de la Conselleria de Presidencia y de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) para pedir, por orden del juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, los contratos con la empresa de Urdangarín y las facturas abonadas.
Gran parte de estos efectos de pago fueron aportados por la mercantil, ahora presidida por Diego Torres, al juez para justificar la subvención de 2,3 millones de euros concedida por el Govern de Jaume Matas al Instituto Nóos por organizar jornadas similares a los de Valencia: simposios sobre la influencia de los eventos deportivos en el turismo de las ciudades que los acogen. El fiscal Anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, y la policía comparaban ayer los contratos y facturas incautadas en Valencia con las que obran en el sumario del caso para averiguar si se ha producido alguna presunta falsificación. El juez Castro investiga una supuesta desviación de fondos, por el citado importe, en una pieza separada del caso Palma Arena.
La policía se llevó de Cacsa un contrato de 2004 para la celebración del «Valencia Summit» y otro suscrito en 2005 por la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat, dependiente de la Conselleria de Presidencia. Por la celebración del «Valencia Summit», una cumbre internacional sobre organización de grandes eventos deportivos, la sociedad pública de ocio pagó 450.000 euros por cada una de las tres ediciones. El otro convenio se firmó en 2005 por dos años, y tenía por objeto la preparación de unos juegos europeos, que finalmente no se realizaron. En este caso, se pagaron 382.000 euros por el trabajo realizado, lo que suponía un 6% del total establecido en el convenio.
Este convenio se llevó a cabo «dentro de la más estricta legalidad», según fuentes de la Generalitat, y previa justificación del gasto por el Instituto Nóos y, según el informe de fiscalización de la Intervención General, sin que se hubiera detectado ninguna irregularidad. También se registró la inmobiliaria Aizoon, propiedad de Urdangarín y de la Infanta Cristina, que facturó 116.000 euros al Govern balear por colaborar en la organización del foro deportivo, Illes Balears Forum. Los Duques de Palma trasladaron la residencia a Washington y urdangarín dejó la presidencia de Nóos.
La Casa del Rey no quiso comentar la investigación de las actividades del Instituto Nóos de patrocinio y mecenazgo que presidió Iñaki Urdangarín hasta finales de 2006 pero sí quiso dejar claro que «respeta el trabajo de los jueces».
«No hacemos ningún comentario sobre una investigación que está en el ámbito judicial», reiteró un portavoz de la Zarzuela.
