La Fiscalía Anticorrupción de Baleares afirma que el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, y su socio Diego Torres montaron un "entramado societario" para "apoderarse" de fondos públicos y privados que recibía el Instituto Nóos, una entidad sin ánimo de lucro que presidieron ambos.

Así consta en el escrito de diligencias dictado por el juez del caso Palma Arena, José Castro, para autorizar los registros llevados a cabo esta semana por el fiscal Anticorrupción de Baleares Pedro Horrach en empresas de Barcelona de este supuesto entramado y cuyo contenido textual publican El Periódico de Catalunya y El Mundo en su web.

Tras conocer el escrito del juez, la Casa del Rey ha expresado su "respeto absoluto" a las actuaciones y decisiones judiciales y ha subrayado que "no tiene nada especial que decir en este momento", ya que se trata de "una indagación judicial que sigue sus pasos".

Según han informado a Efe fuentes de la investigación, la operación iniciada el pasado lunes en Barcelona no está aún cerrada, ya que la comisión judicial autorizada por el juez del Palma Arena, José Castro, y encabezada por el fiscal Horrach sigue intentando reunir pruebas incriminatorias en la capital catalana.

Ayer, el fiscal tomó declaración a Diego Torres, que ostentó la gerencia de Nóos cuando en 2004 Urdangarín lo presidía, y pasó luego a dirigir el instituto en 2006, momento en que el duque de Palma dejó la presidencia.

Anticorrupción investiga en esta pieza secreta el supuesto desvío de dinero por parte de Urdangarín y Torres, que montaron, según el fiscal, un "entramado societario" para "apoderarse" de fondos públicos que recibía el Instituto Nóos, una entidad sin ánimo de lucro.

Este entramado estaría formado por una inmobiliaria propiedad de Urdangarín, Aizoon, y otras seis empresas cuyas sedes, muchas de ellas coincidentes, están siendo registradas esta semana: Nóos Consultoría, el bufete Tejeiro, Virtual Estrategies, Intuit, Shiriaimasu y De Goes Center for Stakeholder Management, vinculadas a Torres y familiares suyos.

"La operativa consistía en que por el Instituto Nóos se fijaban unos precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaba", narra el fiscal en el auto del juez Castro autorizando los registros, y añade que luego la Administración "simulaba" la contratación de "servicios ficticios" o inflados, de manera que los fondos públicos acababan "en manos de mercantiles controladas por Diego Torres e Iñaki Urdangarín".

Este supuesto proceso de desvío de fondos públicos se produjo, según Anticorrupción, en el caso de dos convenios por valor de 2,3 millones de euros suscritos entre el Govern balear y Nóos en 2005 y 2006 para organizar dos congresos de turismo y deporte.

Fuentes de la investigación han explicado a Efe que el juez deberá ahora examinar toda la documentación para estudiar la posible citación como imputado de Urdangarín en el juzgado de Palma.