La Fiscalía Anticorrupción y el juez Castro coinciden en que tanto Iñaki Urdangarín como quien fue su socio en el Instituto Nóos, Diego Torres, urdieron un entramado societario cuando ambos estaban al frente de esta entidad a fin de «apoderarse» de los fondos públicos y privados que recibía Nóos, para lo cual se fijaban precios «totalmente desproporcionados para lo que suponen los encargos» y simulando asimismo trabajos «ficticios».
Así se recoge en el auto que dictó el juez del caso Palma Arena para ordenar la entrada y registro de sociedades presuntamente involucradas en el supuesto desvío de 2,3 millones del Govern de Matas. La Fiscalía apunta que la «única finalidad perseguida» por Urdangarín y Torres con la toma del control de Nóos era «contar con la cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro, una especie de ONG dedicada a proyectos sociales». A fin de aparentar la «no persecución de fines lucrativos, rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas a las que presuntamente se dedicaba y evitar suspicacias al financiarse básicamente con fondos públicos».
Presuntas facturas falsas
«La operativa consistía en que por el Instituto Nóos se fijaban unos precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaba a la Administración y, tras recibir los fondos públicos, se simulaba por parte de dicha asociación la contratación de servicios ficticios a dichas mercantiles». Otras veces, presumiblemente se facturaban conceptos «por importe superior al servicio realmente prestado, emitiendo las empresas las correspondientes facturas contra Nóos, acabando de esta forma los fondos públicos en manos de mercantiles controladas por Torres y Urdangarín», según el escrito.
Las entidades presuntamente utilizadas por ambos eran, según el auto, Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L., Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management. Es más, la resolución indica que Nóos comparte domicilio con las sociedades.
La portavoz del Consell, Dolores Johnson, aseguró ayer que el convenio que el Consell firmó con el Instituto Nóos está «auditado, en regla y perfecto» y proclamó que no es a la Generalitat ni y sus convenios «a quien se está investigando». Pero el Consell ha venido negando, desde diciembre de 2010, ese convenio a EU. El líder de IU, Cayo Lara pidió «agilidad» en la investigación a Urdangarín y que «si la ha hecho, que la pague».
