El 78 % de las plazas en residencias para mayores de 65 años de la Comunitat Valenciana pertenecen al sector privado. Así lo legitima un informe confeccionado por el Portal Mayores, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).
El estudio revela que la C. Valenciana es la tercera comunidad -tras Cantabria (83,9 %) y Cataluña (81,6 %)- con mayor penetración de capital privado en la atención de la tercera edad. El documento cifra el número total de plazas ofertadas en 27.127 unidades (21.130 privadas y 5.630 públicas), que abarcan una población de 877.018. Los datos avalan que el índice de cobertura es levemente superior al 3%.
Por provincias, Valencia cuenta con el mayor número de plazas -15.494-, seguida de Alicante -8.573- y Castelló -3.059-.
Los datos manejados en el trabajo fueron actualizados el pasado 11 de noviembre y radiografían un sector de asistencia geriátrica en la C. Valenciana ajeno a las administraciones públicas -solamente el 20,8% de las plazas son gratuitas- donde la manija la tienen los empresarios.
Miguel Usó, secretario general del sector de la Salud del sindicato UGT-PV, definió la situación como "una barbaridad, nos encontramos a la cola de España en la atención pública a personas mayores, tal como ocurre en otros muchos casos". El portavoz sindical comentó que "los datos reflejan una situación real: la cobertura real de los servicios públicos es insignificante". Usó explicó que la ley de Dependencia ha causado que aparezca la figura del cuidador: "un familiar que recibe una ayuda de 300 euros, 3 veces menor al del coste de una plaza en una residencia pública". A su vez, fijó el coste de una plaza privada en una horquilla que baila entorno los 1.500 y 2.500 euros; por lo que el gasto mínimo para las más de 20.000 plazas privadas supera los 30 millones de euros.
El sector anuncia nuevas movilizaciones
l alto grado de privatización no es el único frente que aparece en el horizonte de la atención a la tercera edad en la Comunitat Valenciana. El secretario general del sector de la Salud de UGT-PV anunció la "inminente" convocatoria de movilizaciones ante las deudas que sufren los trabajadores del sector desde el pasado mes de octubre. Explicó que "la Generalitat no paga a las empresas y éstas no pueden hacerse cargo de las nóminas". Comentó que "la problemática que surgió entorno a los sueldos de agosto y septiembre parece estar solucionada, pero ya hay empresas que han dicho que no podrán seguir contando con los profesionales que tienen en plantilla sino cobran de forma continuada". Aunque no lanzó cifras por prudencia, Usó recordó que la última deuda giraba entorno a los 30 millones de euros y valoró que "la situación que se vive ahora es muy parecida"
