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El lingüicidio, dicen los diccionarios, es la sustitución total de una lengua o variante lingüística por otra lengua dominante. Y en ese incruento asesinato se encuentra el valenciano a causa de una política lingüística llevada a cabo por la Generalitat -PP y PSPV serían cómplices- y que pasa por tres estadios: "En primer lugar, la extensión de los ámbitos de uso de la lengua mayoritaria [el castellano]; en segundo término, la asimilación lingüística de los hablantes de la lengua minorizada [los valencianohablantes pasan a hablar en castellano]; y, por último, la extinción de esta lengua [el valenciano]".
Este sombrío panorama lo dibujan las filólogas Susanna Pardines y Nathalie Torres en el libro La política lingüística al País Valencià. Del conflicte a la gestió responsable, que se presenta hoy (17 h.) en el Octubre Centre de Cultura Contemporània de Valencia. Editado por la Fundació Nexe -una especie de think tank del valencianismo- en una colección dirigida por el sociólogo Vicent Flor, el volumen critica las políticas lingüísticas de los sucesivos gobiernos autonómicos y subraya la necesidad de "poner en práctica nuevas políticas lingüísticas que dejen atrás el enfrentamiento y busquen el bienestar de los valencianohablantes".
Críticas al PSPV y al PP
Primero, trazan un duro diagnóstico: el PSPV "sucumbió a las presiones del blaverismo" en sus trece años de poder, y el PP utilizó la lengua como arma electoral.
Más a fondo: con los socialistas, "el valenciano recuperó cierta visibilidad, con la creación de instrumentos jurídicos de restauración y de espacios sociales de reconocimiento público", pero eso "no fue suficiente para dignificar socialmente el valenciano ni tampoco para frenar la defección lingüística".
El PP, en su "afán glotofágico" o lingüicida, ha lanceado al valenciano, según las autoras, con tres estocadas: el "aislamiento definitivo del resto de la comunidad lingüística catalana"; la "coloquialización flagrante del valenciano" (modelo Canal 9); y el "mimetismo total con España, con la consiguiente aniquilación de la lengua" como rasgo diferencial, insisten Pardines y Torres.
La consecuencia, recoge el libro, es que la política lingüística valenciana ha sido "claramente insuficiente" para equiparar socialmente las dos lenguas oficiales, como pedía la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià de 1983, "porque la ley sólo ha servido para despenalizar el uso del valenciano". Al fin y al cabo, rematan, la "dejadez" lingüística de los poderes públicos no es neutral: "la ausencia de una política lingüística activa de recuperación del valenciano es, en definitiva, una política lingüística activa en favor del castellano".
Por todo ello, ambas filólogas -técnicas lingüísticas de la administración local, socias de Tirant lo Blanc y patronas de la Fundació Nexe- abogan por "dejar de hacer política con la lengua" y empezar a aplicar "una política lingüística responsable desde una perspectiva social, con la transversalidad y la cohesión social como estrategias fundamentales". Más concretamente, reclaman una política lingüística que salvaguarde los derechos lingüísticos de los valencianohablantes, que incorpore a los castellanohablantes a la lengua de Ausiàs March; y que se convierta en un factor de acogida para los inmigrantes.
Recetas para la nueva política
Torres y Pardines dan otras recetas específicas: resucitar la extinta Dirección General de Política Lingüística y su adscripción a Presidencia de la Generalitat; que la Acadèmia Valenciana de la Llengua no esté desvinculada del Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana y del Institut d'Estudis Catalans; que se acabe con la "estigmatización" del mundo universitario y de los sectores más activos en la defensa del valencianoÉ Que se active, en fin, una política lingüística "social, ética y responsable" para frenar el lingüicidio.
