PSPV: "Estos documentos incriminan también a Fabra"

La diputada socialista Eva Martínez acusó ayer al presidente Alberto Fabra de «seguir mintiendo a los valencianos al practicar la opacidad». «Es una chapuza, un expediente incompleto y prefabricado», sentenció, tras repasar, acompañada del portavoz socialista en la comisión de RTVV, Josep Moreno, los documentos, de los que no se les permitió sacar copia. Con todo, solamente con lo que pusieron a su disposición, la parlamentaria entiende que ya se concluye que este expediente es «incriminatorio». «También para Fabra si se hace corresponsable de todo eso. Si lo asume como propio, habrá que pedirle la dimisión», asestó la diputada.

Los diputados de la oposición insistieron en que el presidente de la Generalitat no ha cumplido estrictamente con su compromiso, del debate de investidura, de enseñar cuantos contratos se le pidan. Tanto Martínez como Moreno recordaron que en el sumario Gürtel constan miles de páginas relacionadas con los contratos de Canal 9 con las empresas que prestaron servicios durante la visita del Papa. Aunque también consideran significativo que se les enseñaran papeles hasta ahora inéditos. «No es lo mismo la información de los autos judiciales o de los medios de comunicación, que el hecho de que sea el Consell de Fabra el que enseñe documentos», apostilló Martínez. La diputada denunció que el informe técnico no era tal y que en el acta de la mesa de contratación «faltan datos esenciales, como el precio o comparar las ofertas».

Explicó que la petición del expediente del contrato de cobertura audiovisual de la visita de Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006 se pidió el 30 de agosto. «Fabra ha esperado a que pasaran las elecciones para autorizarnos a ir a repasar los documentos», agregó, tras apuntar que el 28 de octubre el director general de RTVV, José López Jaraba, se brindó a poner a su disposición el material. Ayer, a las 13,30 horas, los dos diputados se plantaron en la sede del consejo de RTVV para repasar el expediente, vigilados por una empleada del ente público.