02 de diciembre de 2011
02.12.2011
Caso Palma Arena

Dos exdirectores de la Ciudad de las Ciencias, imputados por el caso Urdangarín

Jose Manuel Aguilar y Jorge Vela han prestado declaración como imputados dentro de la investigación en torno al Instituto Nóos - Alfonso Grau, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, ha declarado como testigo

02.12.2011 | 21:28

La policía ha tomado declaración como imputados, en presencia de la Fiscalía Anticorrupción de Baleares, a los exdirectores de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) de Valencia Jose Manuel Aguilar y Jorge Vela, en el marco de la investigación en torno al Instituto Nóos que presidió Iñaki Urdangarín.

Fuentes de la investigación han confirmado a Efe estas dos imputaciones policiales, así como que los agentes y el fiscal Pedro Horrach han tomado declaración, entre ayer y hoy, a varias personas en relación a esta pieza del caso Palma Arena, en la que se indaga el supuesto desvío de fondos públicos a Nóos, una entidad sin ánimo de lucro.

En concreto, Nóos percibió unos 2 millones de euros del Valencia Turismo Convention Bureau y de CACSA, dependientes respectivamente del Ayuntamiento de Valencia y de la Generalitat Valenciana, por organizar entre 2004 y 2006 las jornadas Valencia Summit sobre acontecimientos deportivos. Fuentes de Presidencia de la Generalitat valenciana han explicado a Efe que los dos exdirectores de CACSA han declarado en presencia de sus abogados.

Jorge Vela es hermano del actual conseller de Hacienda, José Manuel Vela, y actualmente ocupa el cargo de director general del Instituto Valenciano de Finanzas.

Por otro lado, también han declarado hoy el vicealcalde de Valencia y presidente del patronato del Valencia Turismo Convention Bureau, Alfonso Grau, según ha confirmado la propia alcaldesa, Rita Barberá.

"Lógicamente, en nuestra posición de colaborar con la Justicia, ha ido a declarar", ha apuntado Barberá, quien ha insistido en que el acuerdo con el Instituto Nóos "es totalmente ajustado a la ley" y fue "aprobado por los órganos dirigentes de la Fundación Valencia Convention Bureau".

Por su parte, la portavoz del Gobierno valenciano, Dolores Johnson, ha explicado que la autoridad judicial "simplemente" ha solicitado información a la CACSA dentro de una fase de diligencias de investigación. Se trata de un caso que "no afecta" a la Generalitat, a la que "no se está investigando", ha asegurado.

La Fiscalía Anticorrupción de Baleares y el juez José Castro, titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma, investigan en esta pieza del Palma Arena un supuesto "entramado societario" tejido por Urdangarín y su socio Diego Torres para "apoderarse" de fondos públicos y privados que recibió Instituto Nóos.

El fiscal define a Nóos como "una especie de ONG dedicada a proyectos sociales" que en realidad se empleó con fines lucrativos.

Sobre este asunto, el ministro portavoz del Gobierno en funciones, José Blanco, ha subrayado hoy que el Ejecutivo respeta "las decisiones judiciales y la presunción de inocencia" del duque de Palma, si bien se trata de un asunto que "no ha sido objeto de valoración" durante la reunión celebrada esta mañana por el Gobierno.

Mientras tanto, el portavoz del Govern balear, Rafael Bosch, ha expresado la "total colaboración" y el "respeto" del ejecutivo autonómico hacia la Justicia en esta investigación y ha expresado el "máximo respeto" hacia todas las personas involucradas en este caso, al igual que con las que son investigadas en el resto de causas judiciales abiertas en las islas.

Además, hoy se ha conocido que un juzgado de Palma ha señalado para el día 25 de enero la celebración de la subasta pública de las tres fincas -entre ellas el "palacete" de Palma- con las que el expresidente balear Jaume Matas garantizó un préstamo del Banco de Valencia para pagar su fianza penal por el caso Palma Arena. La entidad bancaria presentó en mayo una demanda de ejecución hipotecaria contra los citados bienes del expresidente por impago de las cuotas del préstamo pactadas.  Esta entidad prestó a Matas 3 millones de euros, avalados con las tres hipotecas, para pagar la fianza de esta misma cantidad que dictó el juez instructor del caso contra el expresidente para evitar su ingreso en prisión. Recientemente, el juez Castro rebajó esta fianza a 2,5 millones de euros.

Finalmente, el grupo municipal nacionalista del Partido Socialista de Mallorca-IniciativaVerds-Entesa per Menorca propondrá en el próximo pleno del Ayuntamiento de Palma la retirada del nombre Duques de Palma a la Rambla de la ciudad a raíz de esta investigación judicial.

INVESTIGACIÓN

Agentes de la Policía judicial se personaron el pasado 8 de noviembre en la sede de la Conselleria de Presidencia y de CACSA para pedir, por orden del juez instructor del 'caso Palma Arena', información de la relación de la Generalitat valenciana con el Instituto Nóos.

Según informaron entonces fuentes de la Generalitat, esta relación se ciñe a dos contratos suscritos en 2004 y 2005 por ambas entidades con la sociedad que fundó y presidió el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín.

Tal y como señalaron estas fuentes, la información facilitada a la Policía era la relativa a un contrato de CACSA de fecha 2004 para la celebración del evento Valencia Summit, en el que también participó el Ayuntamiento de Valencia, y otro suscrito en 2005 por la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat, dependiente de la Conselleria de Presidencia, con el Instituto.

En el primero de los casos, el contrato de CACSA de 2004 se suscribió para la celebración del Valencia Summit, una cumbre internacional sobre organización de grandes eventos deportivos, que se celebró durante tres años y por la que se pagó 450.000 euros por cada anualidad.

Sobre el otro convenio, se firmó en 2005 por la entonces Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat en 2005, con una duración de dos años, tenía el objeto de preparación para que la autonomía pudiera ser sede de unos juegos europeos, que finalmente no se realizaron. En este caso, se pagó 382.000 euros por el trabajo realizado, lo que suponía un seis por ciento del total establecido en el convenio.

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