La deuda que la Generalitat mantiene con las entidades especializadas en la atención a las personas con problemas físicos y psíquicos ya supera los 300 millones. Así lo confirmaron ayer desde el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (Cermi) durante la celebración del Día Europeo de las personas con Discapacidad. La agrupación —que integra a 14 asociaciones en total— concentró ayer en la Plaza de la Virgen de Valencia a 5.000 personas, entre especialistas, usuarios y familiares. Lo que debía ser un día festivo se transformó en una jornada de reivindicación «teñida» de luto ante la situación financiera del sector. Joan Planell, presidente del Cermi, explicó que «no hablamos de los futuros recortes que tememos, sino de sumas que ya están definidas en los presupuestos y que no llegan; sumas que condena el día a día de las asociaciones y no les permiten prestar un servicio adecuado».
Tres frentes abiertos
Bienestar Social, Empleo y Educación y Sanidad son las tres conselleries que identifican el déficit que sufre el sector. Planells declaró que «el diálogo con el Consell es constante, aunque desigual: Luis Rosado nos ha atendido personalmente, pero José Ciscar delega en su equipo. Lo que está claro es que, en vez de buenas palabras, necesitamos hechos».
El portavoz puso especial atención en la deuda procedente del Servef —superior a los 120 millones en el presente ejercicio— y destacó que «la situación hace que peligren más de 1.000 puestos de trabajo que dan servicios a más de 400.000 personas; es un problema muy grave».
Estela Ruiz es una de las técnicos que forman parte de ese tejido profesional en la cuerda floja. Explicó que «antes éramos seis personas y ahora estoy sola. En mi entidad recibimos más de 100 llamadas de interesados en entrar en nuestra bolsa de trabajo y acortar la financiación de este tipo de servicios en una coyuntura de crisis no parece lo más adecuado».
