El fiscal Pedro Horrach y los policías adscritos a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) que se desplazaron la semana pasada desde Mallorca a la Ciudad de las Justicia para interrogar a patrocinadores privados y ex altos cargos que decidieron engordar las cuentas del Instituto Nóos no volvieron de vacío a la isla. No es casualidad que todos los imputados valencianos en la pieza separada del caso Palma Arena relacionada con los negocios de la entidad que presidió Iñaki Urdangarín hasta 2006 sean exdirectivos de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias (Cacsa), que firmó, por el Consell, el convenio de colaboración con Nóos por el que se organizaron tres ediciones del Valencia Summit.
Las testificales realizadas ante el fiscal y la policía y la incautación de documentos hace unas semanas han abierto la puerta a una investigación sobre el posible amaño de un informe encargado a una alta funcionaria para justificar los pagos de Cacsa a Nóos por las jornadas sobre patrocinio, mecenazgo y deporte que, en su segunda entrega -la de 2005- tuvo como escenario precisamente la Ciudad de las Artes. Anticorrupción sospecha que el documento sobre los gastos de 2004 se confeccionó a posteriori, en 2005, pero se pudo cambiar la fecha para simular que era un informe coetáneo a la ejecución de la primera parte del convenio, relativa al foro de octubre de 2004.
Las facturas de alojamiento
La empresa pública que fue dirigida por José Manuel Aguilar y, después, por Jorge Vela -hoy director general del Institut Valencià de Finances- aportó, según las cuentas realizadas por este diario a partir de documentos oficiales, más de dos millones de euros, de los que 1,56 corresponden al canon anual de 522.000 euros (450.000 más IVA), similar al que abonaba la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, controlada por el Ayuntamiento que preside Rita Barberá. Los aproximadamente 600.000 euros restantes se abonaron en concepto de gastos de alojamiento y desplazamiento de conferenciantes e invitados. Es precisamente en este apartado donde anida buena parte del problema para el Consell, lo mismo que sucede en Balears con los gastos de organización sufragados por el Institut de Turisme Balear (Ibatur) y la Fundació Illes Balears, ambos adscritos al departamento de José Luis "Pepote" Ballester, que fue director general de Turismo y Deporte.
La Sindicatura de Comptes ya denunció reiteradamente, como contó este diario el pasado 11 de noviembre, que en los expedientes del Valencia Summit revisados no se acreditaba de ninguna manera el porqué del gasto realizado en las ediciones de 2005 y 2006. En uno y otro caso, la Sindicatura alertó sobre el incumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia consagrados en la Ley de Contratos, al haber elegido al Instituto Nóos a dedo y no por concurso.
Se exige un informe a la carta
"Se considera necesario que en el expediente quede acreditada suficientemente la necesidad del gasto, las razones que motivan esta colaboración y que excepcionaron la aplicación de esos principios", subrayó el Síndic, concretamente en el informe de fiscalización de 2006, si bien ya recordaba su denuncia de 2005.
El organismo encargado de vigilar el uso del dinero público llegó a requerir precisamente un informe a la carta sobre el gasto realizado en cada edición del Valencia Summit. Al menos en la tercera de las jornadas, la de 2006, sí llegó a elaborarse por parte de Cacsa. Así consta en la Sindicatura, donde se da cuenta de que ese documento se emitió el 20 de abril de 2007, pero no aparece rastro del mismo en el informe del Síndic de ese año.
La aportación privada a las tres ediciones de las jornadas Summit no se limitó a los al menos 1,6 millones de euros que aportaron los patrocinadores, según revelaba un informe de Hacienda.
Porque en la fundación Turismo Valencia Convention Bureau, a la que el ayuntamiento de la capital aportaba 3,5 millones anuales -el vicealcalde Alfonso Grau firmó las cuentas como presidente y José Salinas, como secretario-figuran como patronos, entre otros, la patronal Cierval o la Feria de Muestras y como socios protectores varias empresas privadas, como los principales hoteles de la ciudad, según consta en las memorias anuales.
Paco Roig pagó por el negocio del golf y su hermano buscaba apoyo para el Villarreal
La Fiscalía Anticorrupción y la policía de Balears interrogaron, en calidad de testigos, a Francisco y Fernando Roig sobre los pagos a Iñaki Urdangarín. Los hermanos Roig declararon que contrataron con Urdangarín para conseguir desbloquear tres campos de golf y para lograr un apoyo económico para su club. Fernando Roig tuvo que dar explicaciones ante los investigadores sobre la verdadera naturaleza del contrato con Urdangarín por el que le abonó casi 700.000 euros. Admitió que "fichó" a Urdangarín para lograr un importante apoyo económico para su club. El objetivo no se consiguió. También contrató con otras firmas ajenas a la trama, que cobraron 12.000 y 50.000 euros por esas gestiones. Al parecer, Roig habría abonado unos 290.000 euros al duque de Palma para que le ayudara a desbloquear tres proyectos de campos de golf, que estaban en punto muerto. Al igual que lo ocurrido con su hermano Fernando, las gestiones de Urdangarín no habrían conseguido el fruto deseado. El presidente balear, José Ramón Bauzá, dijo ayer que condena "lo que esté mal" en este caso, pero pidió "prudencia". felipe armendáriz palma
