El 9 de octubre de 1238, el 25 de abril de 1707, el 1 de julio de 1982 —aprobación del Estatut— o el 28 de mayo de 1995, cuando Zaplana destronó a Lerma. Son fechas señaladas en la historia del pueblo valenciano. Como el lunes 12 de diciembre de 2011. Día en el que Francisco Camps Ortiz se convertirá en el primer político procesado por una causa de corrupción derivada de su actuación como presidente.

Quien durante dos años y medio tuvo que responder en las Corts del presunto saqueo de la red Gürtel a la Generalitat —de la que pescó 8 millones en diez «conselleries» y Canal 9—, quien lleva tres años en un permanente intento de escapar de un fantasma que lo persigue pegado a la epidermis, se encomendará desde mañana, a las diez, a un tribunal del jurado. A 9 ciudadanos que dilucidarán si las empresas de Francisco Correa y Álvaro Pérez «El Bigotes» le llenaron el ropero por ser quien era, para abonar el negocio. El jurado deberá dilucidar si Camps y el exsecretario general del PPCV Ricardo Costa, también procesado, tropezaron con el artículo 426 del Código Penal, que regula el cohecho impropio pasivo; si uno y otro, en tanto que autoridad, aceptaron regalos que les hicieron «en consideración a su función», entendida como poder de influencia, según decidieron los 5 magistrados del Supremo que, en 2010, levantaron el archivo de la causa de los trajes.

En los próximos once días, Camps y Costa deberán acudir al Palacio de Justicia. La puesta en escena de la vista les ha sido propicia. Los dos se sentarán junto a sus letrados, en el banco de las defensas y acusaciones, y no en el banquillo, según fuentes del caso. En tanto que letrado, aunque no ejerciente, Camps goza de este privilegio, que ha sido ampliado a Costa. Son los protagonistas de una gigantesca causa en la que 90 testigos, 13 peritos, 19.000 páginas, 56 tomos de sumario, dos acusaciones (Fiscalía y PSPV) y dos defensas intentarán casar fechas, albaranes, facturas, encargos y recibos de doce trajes, cuatro americanas, cinco pares de zapatos y 4 cinturones, valorados en 14.021 euros, supuestamente regalados al ex presidente. Y cuatro trajes y seis pantalones, por 7.325 euros, presuntamente pagados por Orange Market y sus filiales a Costa. Fiscalía pide sendas multas de 41.250 euros. El actual Código Penal prevé penas de entre seis meses y un año de cárcel para el cohecho impropio, pero el magistrado Juan Climent, que presidirá el jurado, dictaminará en función del Código Penal vigente cuando sucedieron los hechos y en aplicación del principio de favorecer al reo.

Al contrario que su valedor Eduardo Zaplana, en la hoja de servicios con la que Camps llegó al Palau no constaba petición de «comisiocinta» como la que quedó grabada un 10 de febrero de 1990, a las 13,22 horas, en una de las cintas del caso Naseiro, invalidadas por el Supremo. En el juicio que arranca mañana Camps se juega mantener limpio un expediente judicial que, políticamente, ha sido emborronado por haber colaborado o permitido, por acción u omisión, que la trama Gürtel acampara en la cocina de la Generalitat.

Campos y Betoret, un problema

El exvicepresidente Víctor Campos y el exjefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret, serán, el martes, los primeros en testificar. Los dos firmaron, el pasado 20 de julio, la sentencia de conformidad por la que se autoinculpaban para evitar el espectáculo político y mediático que mañana levanta el telón y se representará, según los planes de Climent, hasta la víspera de Nochebuena. Varias fuentes coinciden en que para cumplir el calendario, no habrá más remedio que ampliar las representaciones de esta tragicomedia a sesiones vespertinas. 90 testigos, 13 peritos, dos defensas y dos acusaciones dan para muchas más preguntas y respuestas de las que caben en seis mañanas.

Aquel 20 de julio expiró el crédito de Génova a Camps. El entonces jefe del Consell elucubró durante varias horas, a bordo del coche oficial por las inmediaciones del Palacio de Justicia, en torno al dilema de si prefería culpa—aceptación de la condena— o muerte política. Finalmente optó por no autoinculparse y, esa misma tarde, a las 17,15 horas, anunció su dimisión.

El TSJ condenó a Campos y a Betoret a pagar 9.600 euros y a devolver la ropa o abonar su valor. En un homenaje al teatro del absurdo, Betoret entregó las prendas, valoradas en 13.499 euros. Estas condenas complican la situación de Camps y Costa. Porque consolidan como verdad judicial que la trama tiró de sobornos para «ganarse el favor» de cargos públicos y porque tienen, como testigos, la obligación de decir la verdad para no incurrir en perjurio. Con todo, fuentes próximas a los condenados indicaron que estos subrayarán que firmar la conformidad fue una decisión formal y pragmática para evitar el banquillo, pero que no asumen los hechos.

Si en contra de los procesados actúa esa condena, a su favor juega la necesidad de una mayoría de 7 de los 9 jurados para conformar un veredicto de culpabilidad, según la Ley 5/1995 del Tribunal del Jurado.