Al Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna le ha caído una sentencia de aquellas que hacen historia. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) ha anulado la urbanización Vergeret y ha ordenado la paralización de toda obra en esa zona, así como la «retirada» de todas las viviendas construidas.

Lo de menos, por lo tanto, es la multa de 6.010 euros, una anécdota si se tiene en cuenta que, para cumplir el fallo judicial, el ayuntamiento y la empresa Provergeret, promotora de la urbanización, tendrían que demoler cerca de quinientas viviendas ubicadas en bloques de hasta diez alturas donde ya viven decenas de familias de Tavernes.

La sentencia del TSJ se produce por el hecho de haber construido dicha urbanización en la zona de policía del río Vaca. El proyecto del Vergeret se levantó sobre suelo inundable y, pese a ello, ni el ayuntamiento ni la empresa promotora hicieron caso alguno a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Este organismo primero les requirió para que anularan el plan, y después, cuando empezaron a construirse los bloques de viviendas, exigió la paralización de las obras. Ni una cosa se cumplió ni la otra tampoco.

Con 81.000 metros cuadrados afectados, la urbanización Vergeret constituye el mayor ensanche urbano de Tavernes de la Valldigna de la última década. A los vecinos incluso les sorprendió que el ayuntamiento aprobara una enorme densidad de viviendas, con grandes fincas separadas por calles que, ahora salta a la vista, debieron proyectarse mucho más anchas.

Ni siquiera el hecho de que el río Vaca se desborde con relativa facilitad en esa zona impidió que se siguiera con la urbanización, ahora ya concluida.El proyecto del Vergeret se aprobó entre los años 2000 y 2001, cuando el PP gobernaba la localidad y era alcalde Eugenio Pérez. En el año 2002 la empresa Provergeret inició los trabajos. Un año después la CHJ denegó la autorización para ejecutar las obras argumentando que se encontraba en zona inundable y de protección de río Vaca.

En un informe del guarda fluvial fechado en 2005 se recoge que en la urbanización Vergeret se están construyendo edificios, «uno de ellos a sólo 25 metros del margen izquierdo del río», lo que llevó a la apertura de un expediente sancionador que finalizó en 2007, cuando se le imponen los 6.010 euros de multa, además de la paralización de las obras y la retirada de lo ya construido.

El con viviendsistorio y la empresa promotora presentaron un recurso judicial contra esa sanción, argumentando, entre otros aspectos, que el Vergeret se encuentra catalogado como suelo urbanizable en el PGOU de la ciudad y, por lo tanto, la CHJ no tiene potestad para desautorizar el proyecto. También consideraron que la sanción de la Confederación Hidrográfica había prescrito.

La sentencia del TSJ conocida ahora rechaza todos esos argumentos y reconoce que la CHJ tiene competencias para denegar la urbanización «y también para ordenar la paralización de las obras ilegales que se estén llevando a cabo, así como la retirada de las ya edificadas». El Gobierno local de Tavernes, que tras las elecciones de mayo pasado está formado por el Bloc, PSOE y EU, analiza la situación, pero resulta evidente que no es posible «retirar» la urbanización ya construida en la zona.

«No quiero saber nada de la confederación»

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana recoge diálogos mantenidos por técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar con responsables de la promotora de la urbanización y con concejales del ayuntamiento que reflejan bien a las claras el grado de ninguneo hacia las resoluciones del organismo de cuenca. En una ocasión, el guarda fluvial citó al promotor para redactar el acta de denuncia. A ese encuentro acudieron el responsable de Provergeret y el ingeniero director de la obra. «Este último nos manifestó que no desea saber nada de esta confederación», indica la sentencia. El acta de la CHJ recoge que los representantes evadieron todas las notificaciones. s. s. tavernes