La Fiscalía insistió en su alegato inicial del juicio que no acusa a inocentes, la acusación popular -ejercida por el PSPV- recordó que los otros dos procesados -Campos y Betoret- reconocieron su culpabilidad, el letrado de Camps reiteró que todo "es absurdo" y el abogado de Costa advirtió de que es imposible que su cliente cometiera el delito de cohecho porque no tenía ningún cargo de responsabilidad en la Administración.

Las acusaciones aseguraron que una batería de pruebas acredita la culpabilidad de Francisco Camps y Ricardo Costa. El ministerio público está representado por las fiscales Anticorrupción de Madrid Myriam Segura y Concepción Sabadell y por el delegado de Valencia Jesús Carrasco. Concepción Sabadell explicó a los nueve miembros del jurado que la misión de la Fiscalía es defender la legalidad. "Cumplimos con la obligación de procurar el castigo de los culpables y la absolución de los inocentes", señaló tras reclamar sendas condenas de 41.250 euros para Camps y Costa por presuntamente recibir dádivas de la trama Gürtel. La fiscal precisó que "Camps recibió 25 prendas y Costa 10" en función de sus responsabilidades como presidente de la Generalitat y diputado autonómico. "La legislación es tajante. El que acepta un regalo por su cargo comete un cohecho", sentenció.

Concepción Sabadell destacó que el exvicepresidente de la Generalitat Víctor Campos y el exjefe de gabinete de Turismo admitieron su culpabilidad y fueron condenados". La fiscal indicó al jurado que "la ley reconoce el derecho de los acusados a no declarar y faltar a la verdad. Nosotros también tenemos el derecho a demostrar si nos han ocultado la verdad". La representante del ministerio público insistió en que algunos testigos pueden llegar a mentir en el juicio "para conservar sus puestos de trabajo o para ocultar un trabajo mal hecho".

El abogado del PSPV incidió en que los regalos que presuntamente recibieron Camps y Costa "no llegaron sin más. Los regalos se facturaron a empresas que están bajo el control del grupo Correa. A Francisco Camps le entregaron prendas por valor de 14.000 euros, y a Costa, por 7.327 euros. Estos hechos ya han sido aceptados por los otros dos acusados. El modus operandi es el mismo".

Javier Boix, abogado del expresidente de la Generalitat, aseguró que cuando conoció personalmente a Camps para asumir su defensa pensó: "Esto me suena absurdo. Qué sentido tiene lo que está pasando. Cuando las cosas suenan absurdas y pierden sentido es porque algo raro está pasando. El asunto llega de la mano de un juez muy famoso de Madrid, se pueden haber pagado por unas empresas de nombres raros y si se repasa lo que decía ese juez y lo comparamos con lo que ahora juzgamos es del cielo a la tierra". El letrado reiteró que carece de sentido la acusación porque no concuerdan los regalos que atribuye el fiscal con los de la acusación popular.

Reconocimiento del delito

Javier Boix restó importancia al reconocimiento del delito que hicieron los otros dos acusados. "Solo les pido que este tema no les despiste. En el mundo del derecho la gente se conforma por muchos motivos. Puedes conformarte por razones económicas, de salud, familiares o políticas. Ni con una persona condenada tenemos la garantía de que ha cometido el delito", puntualizó.

El abogado del exjefe del Consell -que necesitó una hora para defender su alegato- subrayó que Camps lleva más de veinte años en política y "nunca ha tenido el menor problema. Es presidente y le vinculan con una cosa tan absurda. Las prendas no tienen nada que ver con lo que aquí se diga de las adjudicaciones a Gürtel. Este tribunal se ha opuesto a unir la causa de los trajes con la de la financiación por eso no cabe pensar que tenga nada que ver. Presidencia no tiene capacidad para decidir las adjudicaciones". El abogado consideró "diabólico" tratar de "probar que algo no es. A ver dónde están las prendas. No es cierto lo que dicen".

Juan Casanueva, abogado de Ricardo Costa, indicó al tribunal que su cliente niega haber recibido ningún relato de la trama Gürtel. "Los fiscales constantemente pierden procedimientos. Lo que diga el fiscal no goza de presunción de veracidad", destacó Casanueva. El letrado, que presentó su alegato de defensa en menos de cinco minutos, intentó convencer al jurado de que Costa no pudo cometer el delito de cohecho porque no tenía ningún cargo en la Administración.