Las obligaciones no reconocidas en Sanidad ascendieron a 1.343 millones en el ejercicio 2010, en el que también constan 1.398 millones de pagos aplazados, a imputar entre los ejercicios 2011 y 2017, según el informe de fiscalización de las cuentas de la Generalitat que realiza la Sindicatura de Comptes.
El Síndic, Rafael Vicente Queralt, entrega hoy al president de la Generalitat, Alberto Fabra, y al presidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino, este documento, que según él mismo ha reconocido, supone "una confirmación de la situación crítica existente".
En él, se constata "el fuerte aumento" que han experimentado los gastos sanitarios a lo largo del tiempo, entre cuyas causas, "numerosas y complejas", destacan "los problemas estructurales derivados de una financiación insuficiente del sistema sanitario valenciano".
Vicente Queralt ha trasladado a los periodistas la necesidad de revisar un modelo de financiación autonómica que, según ha explicado, sitúa a la Comunitat Valenciana "en el segundo lugar por la cola".
Según ha dicho, en 2010 se produjo "una disminución sustancial de los ingresos", cifrada en un 10,6 por ciento, lo que sumado a una ejecución de más del 90 por ciento de los gastos, produce unos "resultados presupuestarios negativos" y "un déficit de financiación".
En este sentido, el informe contempla "una necesidad de revisar" el sistema, ha afirmado el Sindic, quien ha aclarado que la Comunitat Valenciana no es "la Grecia de las autonomías", y aunque ha sido de las que ha pagado "el pato" con la crisis, no tendrá que ser rescatada.
Respecto a los gastos de farmacia, el documento señala que las cuentas del año pasado recogen 290,5 millones correspondientes a las facturas de noviembre y diciembre de 2009, mientras que a 31 de diciembre de 2010, quedaban pendientes de imputar 259,2 millones, pagados en el primer trimestre de este año.
Los derechos pendientes de cobro ascienden a 757,9 millones de euros, provenientes de los ejercicios 1990 a 2005, de los que 633,1 millones son "derecho definidos", mientras que 235,8, correspondientes a 2006 y 2009, son de dudoso cobro debido a "su antigüedad" y su "bajo grado de realización o cobro".
La provisión por insolvencias asciende a 388,4 millones, por lo que la Sindicatura considera que debería incrementarse hasta cubrir la totalidad de los derechos que se estime dudoso cobrar, sin perjuicio de que se efectúen las gestiones que procedan.
El endeudamiento financiero de la Administración alcanzó el año pasado los 12.577,5 millones de euros, frente a los 9.333,7 millones del año anterior, según el informe, que vuelve a denunciar la carencia de un inventario que refleje la composición actualizada del inmovilizado de la Generalitat.
La Sindicatura también destaca que ni las cuentas de resultado económico patrimonial ni el pasivo del balance recogen los intereses de demora que pudieran devengarse de la aplicación de la ley de Contratos del Sector Público, una cantidad que cree podría ser "significativa".
Los fondos propios de la Administración Pública presentan un importe negativo de 1.913 millones, mientras que la diferencia negativa entre el activo circulante y los acreedores a corto plazo, alcanzaba al cierre de 2010 los 8.808,1 millones.
La Sindicatura también destaca que la información de la memoria relativa a los compromisos de gasto con cargo a ejercicios posteriores no recoge los derivados de algunos contratos, convenios y acuerdos por importe conjunto de, al menos, 2.042,9 millones de euros.
