Por enésimo año consecutivo, el Síndic certifica la bancarrota de RTVV y sus sociedades, incursas en «causa de disolución». La novedad de este año es que se disparan los atentados a la ley —básicamente en la contratación—, los gastos que considera injustificados en derechos de retransmisión y los tratos de favor a determinadas empresas audiosivuales. El informe revela, por ejemplo, que Canal 9 acabará pagando 25, 95 millones de euros por los derechos de retransmisión de cuatro ediciones (2010-2013) del Gran Premio de Europa, que se disputa en Valencia. En la primera de esas temporadas, abonó 5,2 millones y esa cifra crecerá de forma escalonada. El contrato especifica que son derechos de emisión «no exclusiva [ya la ofrece La Sexta] y en valenciano» y para el territorio de la C. Valenciana.

En su informe sobre la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV) el Síndic cifra en 20.555.227 euros la cantidad que asumió la empresa pública en concepto de canon. Este pago es consecuencia, apunta el órgano fiscalizador, de los dos contratos de carácter plurianual suscritos por la sociedad en 2009, por los que adquirió la condición de copromotor del evento hasta 2014. La auditoría hace notar que esta cantidad no coincide con el importe de 17,6 millones de euros recogido en la memoria de SPTCV al no incluirse el IVA soportado por la operación. La Sindicatura reprende a la firma por su falta de transparencia sobre estos contratos, ya que dado su impacto en las cuentas anuales «debe darse una mayor información sobre los mismo». En el informe se denuncia también que entre 2008 y 2010, RTVV dejó de cobrar 901.369 euros a dos TDT —«Popular TV» y «Las Provincias TV»— por el transporte y difusión de su señal en el mútiplex, entre otros servicios que no estaban siquiera soportados en ningún contrato. El ente firmó un acuerdo con efectos retroactivos con Popular TV por el que ésta le pagaría con publicidad. El Síndic no entiende ese acuerdo y urge, además, a «adoptar medidas ante el reiterado impago», en el caso de la otra televisión, hoy desaparecida y cuya heredera es Metropolitan TV.

Otra de las actuciones de RTVV que el Síndic pone en solfa tiene que ver con la no justificación por parte de una productora de 1,78 millones en gastos abonados por la televisión y no justificados. La Sindicatura obligó a recuperar esa cantidad y la productora se la devuelve a Canal 9 en especies, esto es, mediante un programa que se ha valorado en la cantidad adeudada. Ese apaño «no se ajusta a la norma», según el organismo fiscalizador.En el informe se subraya, además, la inviabilidad «estructural» de RTVV y sus sociedades.

El Síndic desvela 38 ilegalidades o anomalías en la contratación

La fiscalización de la gestión de Canal 9 pone de manifiesto toda suerte de ilegalidades e irregularidades en los contratos. Hasta 38 objeciones genéricas realiza en ese sentido el Síndic de Comptes. El muestreo de la contratación apenas representa el 36,7% del dinero adjudicado, pero resulta elocuente. No se concretan los criterios de adjudicación, se ponderan mal las ofertas, se deciden «prórrogas» no contempladas previamente, la oferta económica se valora por debajo de lo «aconsejable», se incumplen los «procedimientos de contratación temporal» —en el caso de los empleados— previstos en la ley o se desatienden los criterios de «publicidad» que marca la Ley de Contratos. Son solo algunas de las casi cuarenta anomalías detectadas en los expedientes revisados.

En personal, el Síndic quiere «remarcar que las contrataciones temporales no responden a necesidades estructurales y, por tanto, una buena gestión debería evitar que esos contratos se conviertan en indefinidos, dada la situación financiera y el desequilibrio patrimonial». Pese a todo, la práctica se lleva a cabo. El abuso de los contratos negociados sin publicidad —esto es, a dedo— se refleja en el informe. Del muestreo de contratos, 45 se formalizaron de esta manera y sólo 8 con procedimiento abierto y concurrencia libre de ofertas. f. a./j. r./j. g. valencia