El coste de lucir en los aviones la palmera que sirve de logo promocional del turismo en la Comunitat Valenciana ha pasado de volar por la estratosfera a vuelo rasante. El informe del Síndic de Comptes alerta sobre la abismal diferencia de precio soportado por la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) si se compara el contrato en vigor con Ryanair con el que formalizó en su día con Air Nostrum. El primero se adjudicó mediante procedimiento abierto por un importe de 1,77 millones, IVA incluido, y por el período 2010-2012. La compañía irlandesa de bajo coste resultó ganadora de ese contrato de promoción de la marca turística Comunitat Valenciana, después de rebajar de forma espectacular el precio de licitación, que fue de 15,98 millones de euros, con IVA.
El acuerdo entre la principal aerolínea de bajo coste y la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) se firmó el 3 de diciembre de 2010.
En el informe de la Sindicatura de Comptes se subraya que este «mismo objeto de contrato fue adjudicado en el ejercicio 2008 por el período 2008-2010 por un importe de 15.576.890 euros a una compañía aérea regional de transporte de viajeros». Se trata de la valenciana Air Nostrum, que opera rutas domésticas de Iberia.
El Síndic llama la atención sobre la «significativa desproporción» en los dos aspectos señalados. Esto es, entre «el precio de adjudicación y el de licitación», en el caso del concurso ganado por la compañía que preside Michael O’Leary, y también entre lo que percibe Ryanair y lo que cobraba la compañía valenciana «en ejercicios anteriores». En el informe se subraya la necesidad de atender a estudios sobre el valor de mercado a la hora de emprender iniciativas de esta índole.
Litigio sobre la adjudicación
El organismo fiscalizador de las cuentas de la Generalitat y el sector público valenciano explica, además, que la empresa adjudicataria presentó, el pasado mes de marzo, un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Agencia de Turismo de admitir a trámite la oferta presentada por la otra empresa licitadora, que no es otra que la propia empresa Air Nostrum, «al entender que no reunía los requisitos de solvencia técnica exigidos en el pliego de condiciones administrativas», según explica el Síndic en el informe de 2010.
