Es casi una tradición navideña que el Síndic de Comptes ponga en evidencia a la Generalitat Valenciana cada vez que abre un expediente de contratación para revisar si se tramita de acuerdo a la ley. Si el año pasado el auditor cuestionaba el 60 % de los expedientes analizados, el informe de 2010 detecta anomalías en 38 de los 44 contratos consultados, es decir, el 85 %. Se trata de incidencias vinculadas a distintos aspectos de la contratación, como una ponderación relativa de los criterios de valoración, un defecto que afecta a la mayoría de expedientes.

Quien peor parada sale es la Conselleria de Sanidad, de la que se analizan 14 contratos, varios de ellos relacionados con la Nueva Fe. El informe pone algún pero a todos los expedientes estudiados de este departamento. Entre otros aspectos, el Síndic ha analizado el volumen de contratación mediante contratos menores (los de menos de 50.000 euros en encargos de obra y de menos de 18.000 en el resto), a los que no se exige fiscalización previa pero que mueven un importante volumen económico y se les viene detectando incidencias en los últimos años.

En este sentido, recomienda que se reduzca su uso, sobre todo en las adquisiciones de compra directa en productos farmacéuticos, para los que pide que se tramiten «mediante los correspondientes expedientes de contratación». El Síndic evidencia el desorden en el registro, control y seguimiento de estos contratos menores, por lo que insta a los hospitales a implantar una aplicación informativa. En este punto se destaca la existencia de una concentración de contratos menores en un número reducido de empresarios.

Entre las anomalías detectadas, el auditor apunta a incidencias de todo tipo, como contratos en los que no consta la publicidad en el BOE de la licitación ni de la adjudicación. También se destaca la falta de control en un contrato informático («Servicios asociados a los puestos de trabajo de la Agencia Valenciana de Salud en hardware y software»), donde no se detalla lo «suficiente» el concepto de las facturas. En otro punto, el Síndic destaca el hecho de que la mayor parte de los proveedores están adscritos al sistema de «confirming» para el cobro de las facturas.

También resulta reseñable la irregularidad detectada en la construcción de la ronda oeste de Castelló. La Conselleria de Infraestructuras aprobó una modificación de 3,1 millones para ampliar el objeto del contrato (repavimentar el entorno de la plaza Mayor), un «cambio sustancial» que tuvo que ser «objeto de tramitación separada», es decir, un nuevo concurso. Al margen de esto, la Sindicatura reconoce que la mayoría de conselleries «cumple con la obligación de comunicar» los datos exigidos. La excepción más llamativa es la de la Conselleria de Cultura y Deporte, con un grado de cumplimiento del 62,5 %. Eso sí, solo el 34 % de los contratos son comunicados en el plazo de 15 días desde su formalización, el plazo establecido.