El pasado 20 de diciembre la Policía Nacional expulsó de España a Jesús Valera, de nacionalidad venezolana y uno de los líderes del 15M en Valencia. Según relató a Levante-EMV, fue citado para una oferta de trabajo el día 19, es educador canino, y cuando acudió al domicilio acordado «unos seis policías de paisano» lo detuvieron. Valera pasó la noche en comisaría y a la madrugada siguiente partía desde Madrid hacia Caracas en avión.

Valera era coordinador de la Comisión de Derechos de los Animales en la Acampada de Valencia y fue uno de los cinco indignados detenidos por la policía en las protestas ante las Corts Valencianes del pasado mes de junio. A las pocas horas, tanto él, como los otros cinco activistas fueron liberados. Valera explicó que anteriormente había sido detenido también en una manifestación ante un Centro de Internamiento de Inmigrantes (CIE) y que también lo liberaron.

Este activista asegura que la deportación es correcta administrativamente pero lamenta que se le expulse después de haber participado en el movimiento 15M, ya que asegura haber vivido casi seis años en España. «Han puesto mucho interés en deportarme ya que sólo el billete de avión ha costado 1.548 euros», explicó. «Si pusieran el mismo interés en todos los casos de personas sin documentación en regla España se arruinaría», ironizó, ya que apuntó que le acompañaron en el viaje dos agentes.

Valera critica que se le dejara en Caracas «sin dinero y con mi familia a cientos de kilómetros». Una vez concluya el proceso administrativo Jesús Valera no podrá regresar a España en tres años.

La expulsión de Jesús Valera ha generado polémica en el sí del 15M de Valencia. En un comunicado que corrió como la pólvora por las redes sociales acusaba a la Comisón Jurídica, quien había llevado su defensa tras su detención ante las Corts, de no haber querido asesorarle y haber tenido que recurrir a una abogado de oficio.

Tras esta acusación, desde la propia Comisión Jurídica hicieron público un comunicado en el que explicaban que «paralelamente al procedimiento penal de las Corts, contra Jesús Valera se seguía un procedimiento administrativo de expulsión en el cual no participaba ningún miembro de la Comisión Jurídica, dado que contaba ya con asistencia letrada específica en materia de extranjería». «Es necesario precisar que cuando un letrado dirige un procedimiento, legalmente ningún otro puede interferir en el mismo, y todo ello en beneficio del propio defendido», recordaron.

Desde esta comisión, que ha defendido altruistamente a todos los indignados inmersos en procesos judiciales, también criticaron que «la deportación constituye un grave atentado contra los Derechos Humanos».