Un folio por una cara con apenas siete párrafos y vacío de contenido es el único documento que elaboró la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) para justificar el convenio-contrato el 8 de septiembre de 2004 del Instituto Nóos por el cual la sociedad pública y la Fundación Turismo Valencia Convention controlada por el Ayuntamiento de Valencia desembolsaron un canon anual de 1.044.000 euros (sin contar otros gastos) por las tres ediciones del Valencia Summit. Como adelantó ayer Levante-EMV, la entonces directora de gestión de Cacsa, Elisa Maldonado, admitió ante el fiscal que investiga la causa Palma Arena, de la que se ha separado la pieza sobre la entidad que presidía el yerno del Rey, Iñaki Urdangarín, que amañó un informe técnico para «vestir el santo» del contrato a Nóos. El convenio, que se firmó sin que mediara ningún tipo de concurso, ya fue cuestionado por la Sindicatura de Comptes en su informe sobre las cuentas de 2004. Según Maldonado, actual gerente del Museo Picasso de Málaga, y por órdenes del entonces director general de Cacsa, Jorge Vela, se incorporó a posteriori un informe para justificar los pagos a Urdangarín.

La manipulación del informe fue tan burda que no pasó inadvertida por los investigadores. Cacsa con el objetivo, según reconoce Maldonado, «de dar apariencia de legalidad» incluyó en el expediente de 2004 el informe realizado en 2005. Para ello, se superpuso a mano el número 4 al 5 de la fecha 2005. «Jorge Vela le ordenó realizar este informe cuando se dio cuenta de que no había justificado la contratación de Nóos», recoge la testifical.

El informe que firmó la exresponsable de gestión —que declaró como imputada junto con Vela y el anterior director de Cacsa, José Manuel Aguilar, el pasado 1 de diciembre— carece de elementos técnicos que justifiquen la contratación. De hecho, en el mismo Cacsa se limita a afimar que considera «conveniente» participar con el desarrollo de la cumbre sobre ciudades y deportes organizada por Nóos. Y fundamenta esta conveniencia en que el programa de actividades «encaja ala perfección con la estrategia de Cacsa de apoyo al deporte». La razón resulta sorprendente habida cuenta de que los objetivos de la sociedad pública es la divulgación científica y cultural. Añade el informe que Cacsa ha apoyado eventos como la Vuelta Ciclista a España o el Anuario del deporte. El documento, con algunos pequeños añadidos, fue reproducido en años posteriores para justificar la prórroga del convenio con Urdangarín para la celebración de dos ediciones más del Valencia Summit, una cumbre de tres días de duración. La falta de argumentos técnicos queda patente en el documento de prórroga de 2006 que incorpora tres epígrafes —criterios de valoración, comparativa de ofertas y factores de selección de ofertas— sin texto alguno.

Durante los interrogatorios a cargos y extrabajadores los investigadores constatan que Cacsa no encargó ningún informe jurídico, ni estudio de mercado que justificara el contrato ni el precio pagado. No sólo no hay rastro de esta documentación, sino que uno por uno los trabajadores del área jurídica y comercial de Cacsa aseguraron desconocer el convenio o haber elaborado informe alguno.La propia Maldonado, responsable en ese momento del área jurídica, reconoce que no existió más informes que los firmados por ella.

Aguilar, responsable de Cacsa cuando se firmó el primer contrato, justificó la falta de una resolución sobre el interés público de la contratación o la fórmula escogida en que era una idea exclusiva de Nóos. Sin embargo, mantuvo que cuando firmó el convenio dio por sentado la existencia de los informes técnicos y jurídicos pertinentes «ya que había un procedimiento marcado y se actuaba en la confianza de que se seguía este procedimiento». Sostuvo también que el departamento comercial y de marketing hizo un análisis del precio del canon propuesta por Nóos y que lo encontraron «ajustado» al producto.

Sin embargo, los investigadores no han encontrado rastro documental de estos informes ni a nadie que dé cuenta de su existencia tras entrevistar a nueve empleados de la firma. La exdirectora de Marketing, Ana Rosa Moreno, entre 1999 y 2007, declaró que no recordaba haber analizado el precio de Nóos y que, en todo caso, de haberlo hecho figuraría en el expediente. Tampoco la entonces responsable de ventas hizo, según dijo a la policía, estudio alguno de mercado.

Por su parte, una de las técnicos del departamento jurídico —Maria Ángeles Mallent— admite haber redactado el convenio «siguiendo directrices» vía email de Aguilar, quien le impuso «las bases y el precio» y le dio un plazo de un día o dos para redactarlo. La técnico añadió que desde el área jurídica no se redactó ningún informe. Otros seis trabajadores del departamento jurídico y de ventas ratificaron la versión de la carencia de informes.