La crisis económica y la extrema debilidad de las finanzas autonómicas que ha puesto a la Generalitat prácticamente en la bancarrota obligó ayer al Consell de Alberto Fabra a adoptar medidas drásticas para taponar la hemorragia en las cuentas públicas. El tijeretazo, anunciado por el presidente en su discurso de Nochevieja, y que ayer quedó cuantificado exactamente en 1.057.000.000 euros, no sólo tendrá un impacto directo sobre la estructura administrativa, su personal y la ciudadanía, sino que supone pulverizar algunas de las apuestas que durante años han sustentado la política de los sucesivos gobiernos populares. El recorte recaerá principalmente en la sanidad (440 millones); en el bolsillo de los funcionarios (258,2 millones) y de los valencianos (238 millones mediante la subida de impuestos) y en el sector público (121,3 millones)

Cinco meses y diez días es lo que ha tardado Fabra en dar el portazo definitivo a un modelo de gestión de los recursos públicos que sembró la C. Valenciana de proyectos faraónicos mientras la deuda crecía y las arcas se vaciaban. Desde ayer se acabaron los "intocables" del PP, incluso los grandes eventos, santo y seña de la etapa del expresidente Camps, los cuales, según afirmó el nuevo vicepresidente del Consell, José Císcar, están "en completa y profunda revisión". "No son posibles en las actuales circunstancias", sentenció. Fabra intentará en la medida de lo posible deshacerse de ellos. Y empezará por uno de sus más emblemáticos: la Fórmula 1, cuyo magnate Berni Ecclestone, ligado de por vida en el imaginario colectivo a Camps y la alcaldesa Rita Barberá, recibirá en breve una carta oficial para revisar un contrato que condena a pagar un canon anual de 20 millones.

Císcar, el nuevo hombre fuerte del Consell, y los titulares de Economía y Hacienda, Enrique Verdeguer y José Manuel Vela, respectivamente, fueron los encargados de informar de las "dolorosas" medidas en una multitudinaria conferencia de prensa. A ellos también les tocó trasladar que llegan nuevos tiempos para la política fiscal. Tras años renunciando a aumentar los ingresos vía tributos y cuando todavía están frescas las promesas electorales de no tocar los impuestos y las críticas al Gobierno de Zapatero por hacerlo, el Ejecutivo de Fabra se ha visto obligado a enmendarse la plana y a completar el recorte de los mil millones mediante de la recaudación. Se aumentará el IRPF para las rentas más altas y el céntimo sanitario, el impuesto que grava las gasolinas y que Camps instauró a regañadientes cuando, hace más de ocho años, presentó el primer plan de saneamiento. La rectificación en toda regla puso en un brete a Vela, quien justificó el giro en la debida "lealtad" institucional al Gobierno central, y a otras autonomías.

Con todo, la madre del cordero del ajuste se centrará en la Sanidad. Císcar detalló toda una batería de "medidas de eficiencia" cuyo plato fuerte es el recorte en farmacia. También hay propuestas que suponen una ruptura con el pasado, como es la revisión de los conciertos de las resonancias.

Císcar insistió en que las medidas en sanidad no supondrán recorte de plantilla ni en prestaciones. "Hemos preferido sacrificios parciales antes que despidos masivos y hemos garantizado el Estado de Bienestar", mantuvo. En su difícil debut como portavoz, Císcar insistió en que se trata de "medidas excepcionales para una situación excepcional" y admitió que uno de los objetivos es pagar a los proveedores y trasmitir confianza a los mercados, máxime después de los problemas que ha tenido el Consell para colocar sus bonos patrióticos y tras tener, tal como informó este diario, que solicitar a Madrid un adelanto de las transferencias del modelo de financiación para pagar un préstamo de 123 millones.

Vela aseguró que con estas medidas el resto de vencimientos de deuda están garantizados este año, si bien instó a un cambio en el modelo que mejore la financiación per capita. "¿Tienen garantías de que Rajoy atenderá esta petición?", se le preguntó. "No", se sinceró Císcar, si bien dijo confiar en el sentido común de Rajoy. Sobre la reclamación de la deuda histórica, admitió que no se renunciaba a ella aunque no el momento de plantearla. Reconoció que se había hablado con Moncloa sobre el ajuste, pero incidió en que los acuerdos se habían decidido con plena autonomía.

Los consellers y altos cargos perderán salarios si hay déficit

El primer "sacrificio" anunciado ayer por José Císcar es uno que le afecta directamente a él como al resto de consellers, altos cargos y asesores. La medida, con la que Fabra trata de mitigar la impopularidad de los recortes, consiste en ligar el salario del personal de la primera línea política al déficit público. Esto es, las nóminas de los altos cargos -las más bajas, incidió el conseller de toda España- serán recortadas en el mismo porcentaje en que se cifre el déficit con el que se acabe el año. "Si 2012 -explicó, a modo de ejemplo- acaba con un 1%, se rebajará un 1% nuestras nóminas". La iniciativa tiene una objetivo ejemplarizante, ya que su impacto sobre las cuentas será prácticamente irrelevante. De hecho, la Generalitat tiene la obligación de acabar el año como máximo con un 1,3% de déficit. Cierto es también que el posible recorte -mínimo si se tiene en cuenta que el propio Vela cuantificó en un 4% el que recaerá de nuevo sobre los salarios de funcionarios con las medidas del capítulo 1- se ejecutaría sobre el del 15% que ya se aprobó en tiempos de Camps. Muchos altos cargos e incluso consellers no ocultan en privado que los salarios no compensan en muchas ocasiones las horas de dedicación. El asunto de los sueldos dio pie a la única nota de humor que Ciscar pudo incluir en una rueda de prensa que sus protagonistas reconocieron como un mal trago. Preguntado sobre sí con las medidas aprobadas sería suficiente para reducir el déficit, el vicepresidente bromeó al indicar que en la consecución de este objetivo les iba el salario.