09 de enero de 2012
09.01.2012
El Impuesto de Bienes Inmuebles

La subida del IBI afecta a 8 de cada 10 municipios valencianos

Sólo ochenta localidades se salvan de pagar el incremento aprobado por el Gobierno - Valencia, Alicante, Benidorm, Vinaròs, Cullera, Elx o Alcoi aumentarán el impuesto un 10 %

10.01.2012 | 10:30

El nuevo año traerá consigo una subida de impuestos sin precedentes y un recorte histórico en el gasto público. Entre las medidas que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en el último Consejo de Ministros de 2011 se encuentra el incremento «temporal y progresivo» del IRPF, impuesto estatal, pero cuya recaudación financia en parte a las autonomías, y del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), tributo que ingresan los ayuntamientos. Con este último el Estado pretende recaudar 981 millones de euros.

El 85% de los municipios valencianos sufrirá la subida de entre un 4% a un 10% del IBI, o lo que es lo mismo, 462 de las 542 localidades de la Comunitat Valenciana se verán afectadas por el incremento de este gravamen. Sólo 80 localidades se salvarán de este incremento.

El real decreto del pasado 31 de diciembre establece tres tramos en función de la fecha de la última revisión catastral, de manera que los municipios cuya actualización sea anterior a 2002 tendrán que aplicar un 10 % de subida mientras que aquellos que aprobaron los valores catastrales entre 2002 y 2004 será del 6 %. Se sitúa en el 4 % para aquellos ayuntamientos que hicieron la revisión entre 2008 y 2011 y estarán exentos de incrementar el gravamen los que aprobaron su ponencia de valores entre 2005 y 2007, los años del boom inmobiliario. El decreto, además, deja en suspenso cualquier bajada del impuesto aprobada por los consistorios.

Casi la mitad de los ayuntamientos de la provincia de Valencia, el 44 %, se verán afectados en los ejercicios fiscales de 2012 y 2013 por el catastrazo de Rajoy al tener que aplicar el tramo más alto (del 10 %).

Entre los municipios más perjudicados por la nueva regulación fiscal del Gobierno se encuentra la ciudad de Valencia, cuya última revisión catastral data de 1997. Si se tiene en cuenta que el recibo medio en el cap i casal es de 300 euros, los valencianos tendrán que pagar unos 30 euros más al año por cada vivienda, lo que puede representar para las arcas municipales unos 18 millones de euros extra. El pasado año el ayuntamiento ingresó por este impuesto 184 millones.

En la misma situación se encuentran otras ciudades como Gandia, cuya última revisión catastratal es de 1996, y Cullera, donde no se han actualizado los valores desde 1995.

En la provincia de Castelló, 65 municipios aplicarán la subida más alta del 10 % entre las que destacan, entre otros, Almenara, Benicarló, Peñíscola, Orpesa o Vinaròs.

En Alicante, nueve de cada diez localidades subirán el IBI y la mayoría de las grandes ciudadees, como Alicante, Elx, Orihuela Benidorm, Alcoi o Dénia sufrirán el fatídico 10% de incremento en el recibio de la contribución. Se da la circunstancia de que muchos de estos municipios son costeros y forman parte del lugar elegido por muchos como segunda residencia.

La puntilla para los promotores
Sin duda alguna, el sector inmobiliario ha sido uno de los peores parados de esta crisis económica. La subida del IBI puede resultar la estocada final para las promotoras que han sobrevivido el vendaval y que ostentan gran parte de la propiedad de muchos inmuebles sin vender. «Cuando los ayuntamientos empiecen a mandar los recibos muchas empresas vivirán situaciones complicadas», asegura Jesualdo Ros, secretario general de la patronal de Alicante de promotoras.

¿Cómo se calcula el gravamen?
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) afecta a la propiedad del suelo. Lo pagan los propietarios de solares, viviendas, fincas, etc. Para calcularlo hay que multiplicar dos cifras: el valor catastral del inmueble y el coeficiente de cálculo. El valor catastral lo determina la Dirección General del Catastro en función del valor de mercado y se revisa a petición de los consistorios. El coeficiente de cálculo es un porcentaje que fija el pleno del ayuntamiento, según sus necesidades recaudatorias.

La recaudación depende exclusivamente de los ayuntamientos para los que supone una importante fuente de ingresos. Están exentos de este gravamen los edificios que son propiedad del Estado, los de la Iglesia, los de la Cruz Roja, los colegios concertados y los consulados y embajadas. a. f. valencia

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