El decreto ley número 3/2012, de Medidas Urgentes para la Reducción del Déficit en la Comunitat Valenciana, incluye una medida que, de hacerse efectiva, podría implicar el despido de miles de interinos que en la actualidad trabajan para la Generalitat Valenciana. El Consell que preside Alberto Fabra se guarda este cartucho para "alcanzar los objetivos establecidos en materia de reducción del gasto público" y ello a pesar de que la posibilidad de despedir empleados fue negada en la rueda de prensa ofrecida el viernes por el vicepresidente José Ciscar y los consellers José Manuel Vela y Enrique Verdeguer.
"Hemos preferido sacrificios parciales antes que despidos masivos", declaró Ciscar ante la prensa para resumir el espíritu de un nuevo tijeretazo que supera los mil millones de euros y que, en teoría, repercutirá sobre todo en el gasto sanitario y en el bolsillo de los funcionarios, principalmente los interinos a los que se les rebaja sueldo y horario; y los sanitarios y docentes que pierden complementos retributivos.
El decreto ley, que ayer llegó a las Corts, revela, no obstante, que no está descartado echar a la calle a empleados públicos. De hecho, la disposición final primera establece que "el Consell, en el ámbito de sus competencias, podrá aprobar planes de ordenación de personal con la finalidad de ordenar la Administración de la Generalitat para la reducción de hasta un 25% de los efectivos de carácter temporal, para alcanzar los objetivos establecidos en materia de reducción del gasto público, así como para lograr una mayor racionalidad y eficacia en la Administración de la Generalitat y las entidades autónomas". Aunque el ámbito de aplicación del decreto no está definido, fuentes de la Conselleria de Hacienda admitieron que la disposición primera afectaría a todo el sector público, incluido los docentes y sanitarios. Eso sí, aseguraron que esta cláusula es sólo una previsión y que no está en los planes del Consell su aplicación inmediata. "Lo previsto es adoptar las medidas anunciadas el viernes", indicaron las citadas fuentes.
Con todo, su incorporación en el decreto evidencia que el Consell quiere tener las manos libres para, en caso de ser necesario y no lograr los objetivos de déficit, recurrir a los despidos. Según el último informe de la Sindicatura de Comptes referido a 2010 la Generalitat tiene contratada a unas 40.000 personas con carácter temporal. De ellas, unas 3.800 es personal de las conselleries y de servicios centrales. El resto son trabajadores de la educación y la sanidad. Uno de cada cuatro -por tanto, unas diez mil personas- estaría en el punto de mira.
El decreto aprobado con carácter de urgencia la víspera de Reyes recoge las medidas en materia de personal y tributaria, pero no incluye ninguna regulación para los otros dos apartados de tijeretazo: el relativo al sector público (pretende un ahorro de 121 millones) y el de contención de gasto sanitario (440 millones), la piedra angular del recorte. Ni si quiera en materia tributaria se incluyen todas las medidas anunciadas por el Consell. Los tributos medioambientales están apuntados en el preámbulo, pero no desarrollados posteriormente. Y es que la documentación que acompaña el acuerdo evidencia la precipitación con la que el Consell de Fabra abordó el tijeretazo. De hecho, según ha podido saber este diario, casi la mitad de los consellers entraron a la reunión del Gobierno sin tener información alguna sobre las medidas.
El director general de la Abogacía de la Generalitat informó sobre el decreto el mismo día del acuerdo, en el que también están fechados los informes del interventor y de Hacienda. El informe jurídico -elaborado el mismo día además en que se destituyó de la abogada general, Isabel Villalonga- se reduce a dos párrafos en los que el letrado no entra en el fondo y se limita a subrayar que se han cumplido las formalidades. Al ser un decreto-ley urgente no ha sido dictaminado por el Consell Jurídic Consultiu.
Los recortes en el salario afectarán a la cotización de la SS
Los funcionarios de la Generalitat tienen doble motivo para el cabreo. Las medidas en el capítulo de personal no sólo llueven sobre mojado -Zapatero decretó en mayo de 2010 una reducción del 5 % de sus retribuciones que se ha prorrogado en 2011 y 2012- sino que además tendrán efectos más allá del 31 de diciembre de 2013, fecha tope de vigencia de los recortes establecido por el Ejecutivo de Fabra. El nuevo tijeretazo en sus retribuciones (el propio Vela lo cuantificó globalmente en otro 5 %) afectará a la cotización a la Seguridad Social, una penalización añadida que no sufrieron los funcionarios con el recorte de Zapatero. En aquel momento la disminución salarial no computaba a efectos de la cotización, y en consecuencia, no tenía efectos sobre la pensión. Por otro lado, los sindicatos, que hoy tienen previsto reunirse para adoptar medidas conjuntas, están estudiando recurrir el decreto. La FSP-UGT tiene claro ya que lo hará en lo referente a las medidas de reducción de jornada a los interinos, así como en la cobertura de las bajas. También hay dudas jurídicas sobre los cambios en la ley de función pública para justificar la no concesión de prorrogas a la jubilación.
