«Los únicos presupuestos que sirven para luchar contra la crisis son los que se elaboran, se preparan, se redactan y se aprueban en un Parlamento. Y hoy en día el único presupuesto en esta Comunidad que se ha presentado, que se ha elaborado, que se ha pactado, que se ha consensuado y que sirve para salir de la crisis es el que el presidente Fabra ha presentado y va a aprobar en esta Cámara [Aplausos]. El único». La sentencia es del 21 de noviembre pasado y salió de la boca del portavoz de Economía del PP en las Corts, Ricardo Costa, en el debate de totalidad de los Presupuestos de la Generalitat para 2012. El PP aprobó el 21 de diciembre unas cuentas cuyos pilares básicos, repetidos hasta la saciedad, fueron el mantenimiento de la rebaja de impuestos, el carácter intocable de las retribuciones de los funcionarios y los recursos destinados a Sanidad, Educación y políticas sociales. Incluso la preservación de los fondos para los grandes eventos. Quince días después, cinco desde la entrada en vigor de las cuentas, la Generalitat aprobó un paquete de medidas que deja en agua de borrajas los presupuestos debatidos por la Cámara durante dos meses. Literalmente, son papel mojado.
Todo el debate parlamentario, incluido el de la ley de acompañamiento a los presupuestos, mediante la que se reafirmaba la bajada de impuestos como santo y seña del Ejecutivo, ha resultado finalmente una suerte de paripé. Una escenificación condicionada por la obligación legal del Consell de presentar el proyecto presupuestario antes del 31 de octubre; con carácter previo, por tanto, a las elecciones del 20N. La consigna era no interferir en el camino de Rajoy a la Moncloa. Y eso que para entonces el Consell ya tenía claros los números: Hasta octubre no había ahorrado nada respecto a 2010 (el descenso de 265 millones quedaba compensado con los dos meses de gasto farmacéutico no reconocido), cuando el objetivo era un recorte de 1.800 millones.
Año tras año, la oposición ha clamado contra las decenas de modificaciones que, a lo largo del ejercicio, desvirtuaban buena parte del presupuesto aprobado por el Parlamento. Sin embargo, no hay precedentes de una enmienda a la totalidad como la que el Ejecutivo ha aprobado a sus propias cuentas, entre las uvas de fin de año y la víspera de Reyes. El PP aprobó un proyecto que ascendía a 13.754 millones, con un descenso respecto a 2011 de sólo el 0,9%, 130 millones. Incluyendo empresas y organismos la dotación era de 14.988 millones, un 6,4% y 1.027 millones menos. Dos semanas después las nuevas medidas conllevan un tijeretazo adicional de 1.057 millones, un 7% de caída. Del total, 120 millones corresponden al sector público por lo que el resto descansará sobre la Administración, incluyendo Sanidad y Educación.
Los populares sacaron pecho con la conservación de los recursos destinados a Sanidad, ya que este departamento, con 5.492,5 millones, bajaba un 0,4%, menos que la media del presupuesto. El decreto ley compromete un «ahorro» de 440 millones, con medidas como la revisión de historiales farmacoterapéuticos, racionalización de turnos y guardias, reordenación de unidades, menú único en hospitales o eliminación de intervenciones de cataratas del plan de choque.
El «paraíso fiscal» se esfuma
En cuanto al personal, las cuentas garantizaban una dotación de 5.205 millones, con una rebaja del 1,7%. No había ni despidos —se amortizaban plazas vacantes o no se renovaban en caso de jubilación—, ni rebajas salariales. Quince días después el recorte en el capítulo I es de 258 millones, con la previsión de despedir hasta un 25% del personal temporal, incluidos los de Sanidad y Educación. La jornada de los interinos —salvo sanitarios y docentes— se reduce a 25 horas semanales, con el consiguiente descenso retributivo. En Educación, los temporales tendrán contrato de septiembre a junio. Los funcionarios, incluidos docentes y sanitarios, cobrarán menos al rebajarse complementos como el de la carrera profesional o los sexenios, así como las ayudas sociales.
En materia fiscal, el Consell alardeó de ser el que más número de deducciones mantenía en España, con un beneficio fiscal de 1.708 millones en favor de 3,9 millones valencianos. Dos semanas después, el decreto ley modifica la ley de acompañamiento para subir el IRPF, eliminar la deducción por vivienda, duplicar el céntimo sanitario que se paga con la gasolina o poner límites de renta a las rebajas.
En cuanto a los grandes eventos, las cuentas preveían una mayor inyección en Proyectos Temáticos, Ciudad de la Luz o Circuit del Motor. El Ejecutivo llegó a anunciar que asumiría la empresa que gestiona la Fórmula 1, socializando la deuda de 30 millones, mientras seguía defendiendo las bondades de los eventos. Ahora se finiquita la política de oropeles a golpe de talonario.
