Las medidas de reducción horario de los empleados interinos de la Administración del Consell pueden dejar bajo mínimos la lucha contra el fraude fiscal. El cuerpo de inspectores de tributos, que tiene entre sus objetivos principales controlar a los contribuyentes, registra la tasa más alta de temporalidad de la Generalitat. En concreto, entorno el 66% es personal interino frente a la media de algo más del 20% en el conjunto de la Administración, sin tener en cuenta docentes y sanitarios. Es decir, dos de cada tres puestos de trabajo reservado al Cuerpo de Inspectores de Tributos se ejerce por un interino. Con estos datos, no es difícil deducir que ocurrirá si este personal se ve afectado por las medidas de ajuste en el capítulo 1 aprobadas la víspera de Reyes por el Ejecutivo valenciano. El decreto de medidas urgentes para rebajar el déficit establece que con carácter general el personal funcionario interino al servicio de la Administración del Consell verá reducida su jornada a 25 horas semanales frente a la media de 37 que tienen en la actualidad. Se exceptúa de esta directriz determinado personal, pero no al que gestiona los tributos ni al que conforma el cuerpo de inspectores. La medida, que incrementará la carga de trabajo en la Generalitat, se dejará notar sobre todo en aquellas áreas con más presencia de interinos. Esta situación no ha pasado desapercibida en la dirección general de tributos cuyos responsables son conscientes de que el servicio, ya de por sí mermado, podría quedar prácticamente desmantelado. Aunque la ley establece que con carácter excepcional el Consell podrá autorizar el mantenimiento de la jornada del funcionario interino en aquellos supuestos imprescindibles previo informe motivado del órgano competente, en el departamento que dirige José Manuel Vela son conscientes de los recelos que despertaría en otras conselleries que el titular de Hacienda protegiera al personal de su conselleria frente al hachazo al resto de temporales.

El problema reside en que en el caso del servicio tributario, las medidas de ajuste pueden suponer una disminución de la recaudación en un momento en el que el Consell no puede permitirse perder un sólo euro de los contribuyentes. Este diario ha relatado en numerosas ocasiones el colapso en la tramitación de expedientes de liquidación de determinados impuestos. De hecho, la distribución desigual de los efectivos en las distintas áreas de trabajo (gestión, valoración o inspección) está repercutiendo en la eficacia del servicio. Lo dice la Inspección General del Ministerio de Economía en su último informe sobre la cesión de tributos a la Comunitat Valenciana: "Existen apreciables posibilidades de aumento del control (...) a realizar por la gestión tributaria, especialmente por inspección". Es más, tras analizar el servicio se concluye que la implantación de medios adicionales de control podría redundar en un aumento de la potencia recaudadora.

Los datos son reveladores. Sólo hay siete funcionarios que se dedican a labores de inspección en toda la Comunitat Valenciana frente a 49 inspectores dedicados a labores de gestión.