Las últimas adjudicaciones de la gestión de las cafeterías de los centros educativos de secundaria y bachillerato, que se realizan cada cuatro años, han despertado polémica en toda la Comunitat Valenciana. El cambio en el sistema de concesión de las licencias ha supuesto la salida de pequeños empresarios autónomos que, desde hace muchos años, venían encargándose de ofrecer sus servicios a los alumnos y la entrada de cadenas y empresas potentes.

En la provincia de Valencia han sido 31 las cantinas que han cambiado de manos, cuatro de las cuales se las han quedado grandes empresas. Por su parte, el sistema de adjudicación ha sido mucho más irregular en Alicante, ya que 33, una de cada cuatro cafeterías, cambiaron de gestión y el monopolio del sector se dejó notar al adjudicarse a una misma empresa, Litra Lan Uni S.L., un total de ocho cantinas. En cuanto a los datos de la provincia de Castelló, aún no han sido facilitados.

Los docentes ya han protestado contra el cambio de modelo en la adjudicación. Tal como explicó Mario Yúfera, director del instituto Eduardo Primo Marqués, de Carlet, antes de reformar el procedimiento el consejo escolar se encargaba de seleccionar a los candidatos y presentar sus propuestas a la conselleria.

Tras el cambio, las cafeterías salen a concurso público y se adjudican al mejor postor, es decir, a aquellas empresas que puedan ofrecer más dinero y mejores precios, por lo que los pequeños empresarios son desbancados. Desde la conselleria se apunta que el procedimiento se realiza con transparencia y que en las mesas de contratación también hay representación de la dirección del centro, algo que desmienten muchos de directores de institutos.

En los criterios para la adjudicación prima la oferta económica, con 70 puntos, frente a los criterios técnicos, 30 puntos, lo que supone que el lado cualitativo y humano del servicio que ofrecen las cafeterías con sus trabajadores quede relegado a un segundo plano, perpetuando así la concentración empresarial.

Las cafeterías, que solían constituir un negocio pequeño, no reportaban grandes beneficios aunque era suficiente para una familia según confiesa Paco Pedraza, que estuvo a cargo de la del I.E.S. Eduardo Primo durante el curso 2010-11. "El bocadillo costaba entre 1,60 y 1,80 euros. Es lógico que los beneficios fueran pocos, sacábamos alrededor de unos 800 o 1.000 euros".

Los principales afectados en este conflicto son los pequeños empresarios autónomos que se encargaban, algunos desde hace más de 15 años, de la gestión de las cantinas que iba mucho más allá del negocio, ya que también cuidaban de los alumnos dándoles un trato personal.