Todos los recursos públicos son pocos para luchar contra el drama del desempleo. Eso es al menos lo que dicen los discursos. La realidad, sin embargo, muestra que no siempre es así. La última auditoría de la gestión de la Generalitat realizada por la Sindicatura de Comptes revela un dato alarmante: El Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef), el instrumento del Consell para ejecutar las políticas de empleo y lucha contra el paro, devolvió a finales de 2010 al Ejecutivo nada menos que 305 millones en subvenciones que éste le había ido transfiriendo en el periodo 2002-2009 por no haberlas utilizado. El reintegro masivo, que se vehiculó a través de sendas resoluciones del entonces conseller de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, y del director general del Servef con fecha de 30 de diciembre no tiene precedentes y provocó un hecho inédito en las cuentas públicas de la Generalitat: La entidad pública cerró el ejercicio con una recaudación neta negativa de 110,37 millones.
El Ejecutivo valenciano, ya entonces con serios problemas de liquidez, que se agravaron hasta la agónica situación actual, se adueñó así de los remanentes del organismo encargado de desarrollar las políticas de empleo de la Generalitat, que pudo así destinar a otras políticas. Un alivio para las depauperadas arcas autonómicas que, ante el cierre de los mercados de la deuda, ya está amortizado.
Según el informe de fiscalización de 21010, el Servef arrancó el año con un presupuesto de 484,4 millones que, tras asumir básicamente los remanentes de 2009, se quedó en 582,1 millones. Sin embargo, al final del ejercicio sólo se reconocieron derechos (ingresos) por 201,7 millones, mientras que la recaudación neta fue negativa en 110,4 millones. La explicación la da el Síndic. «En este ejercicio —explica— se ha producido la devolución de ingresos acordada en virtud de resoluciones de 30 de diciembre de 2010 del conseller de Economía, Hacienda y Empleo y del director general del Servef por las que se acuerda el reintegro de subvenciones de la Generalitat del periodo 2002-2009 no aplicadas a su finalidad, mediante compensación de deudas entre la Generalitat y el Servef».
Como el organismo se sufraga con las transferencias que le inyecta el Consell, la solución fue que el Servef se «cobrara» los recursos de 2010 por cuenta de los remanentes, de ahí el saldo negativo. Hasta entonces, el dinero para fomentar la creación de empleo o contribuir a la reinserción laboral de los colectivos con dificultades que no se ejecutaba en un ejercicio, no se perdía, sino que permanecía como remanentes y, sobre el papel, siempre podía haberse gastado. El auditor detalla que la «totalidad de la devolución» ascendió a 305.768.755 euros, de los que 165.445.434 euros correspondientes a derechos reconocidos durante 2010 y los restantes 140.323.321, a derechos pendientes de cobro de años anteriores. Los gestores del organismo siempre han esgrimido que, si no se ejecuta al máximo, los fondos puestos a disposición para las políticas activas de empleo es porque no hay más demanda; esto es, en el caso de los programas de reinserción, porque no hay solicitudes empresariales para cubrir toda la oferta.
El Síndic revela manejos contables
La operación fue todo un precedente de la decisión del Consell, incluida en la ley de presupuestos para este año, de quedarse con los remanentes que las Corts han acumulado durante años y que no haya utilizado hasta esa fecha. La cifra supone entre 20 y 30 millones de fondos que irán a la caja general del Gobierno.
La auditoría de la Sindicatura desvela también el maquillaje contable del Consell para presentar más operaciones de capital (inversiones) de las que realmente se realizan. Así, en 2010, la Generalita remitió casi todos los fondos al Servef por el capítulo VII de transferencias de capital de sus presupuestos; en cambio, en las cuentas de la entidad públicas, entraron por el capítulo IV de transferencias corrientes. Esto es, gasto corriente, que es la consideración contable que tienen esos fondos.
Pero además, ambas contabilidades no cuadran. El Consell transfirió 136,6 millones por el capitulo VII y 8,1 por el IV; en total, 144,7. Sin embargo, el Servef computó 17,8 por el VII y 158,6 por el IV. Total: 174,4. El Síndic pide que se ponga orden a este desbarajuste y que se adopten «criterios homogéneos».
