Cinco organizaciones sindicales (CCOO, UGT, CSI·F, Satse e Intersindical) han organizado hoy protestas en las inmediaciones de Les Corts Valencianes, reunidas en pleno extraordinario para debatir dos decretos-ley presentados por el Consell sobre medidas económicas de ajuste y apoyo a pymes.
Alrededor de doscientos manifestantes se han congregado a las 10.30 horas en la plaza de la Virgen con pancartas en defensa de los servicios públicos y contra el "despilfarro", y han tratado de acercarse a Les Corts por la calle de Navellos, pero la Policía les ha impedido el paso a la altura de las calles Unió y Franciscanos.
Desde primera hora de la mañana, una decena de furgones del Cuerpo Nacional de Policía se han instalado en las inmediaciones de Les Corts para impedir que esta manifestación se desarrollase frente a las puertas del hemiciclo.
Algunos de los dirigentes sindicales presentes han informado de que sus formaciones están dispuestas a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto relativo a medidas de ajuste económico.
La responsable de la Federación de Servicios Públicos de Comisiones Obreras, Soledad Fernández, ha denunciado la "anulación de retribuciones consolidadas y los recortes de jornadas laborales".
A su juicio, el primero de estos decretos "vulnera la legislación laboral, anula artículos de convenios colectivos, ayudas sociales e incluso aportaciones a planes de pensiones, con la desprotección que eso conlleva".
En este sentido, CCOO planteará medidas judiciales contra la "vulneración de conflictos colectivos y derechos fundamentales".
"Vamos a intentar trabajar de forma coordinada con el resto de sindicatos para que este decreto sea declarado anticonstitucional", ha añadido.
La presidenta provincial de CSI·F Valencia, Paula Breñas, ha mostrado su "absoluto rechazo a las medidas y la forma en que se ponen en marcha", ya que a su juicio, "no se está informando a los sindicatos de cuánto van a costar y a quiénes van a afectar, no solo a la función pública, sino a los pacientes y al alumnado".
"Nos sentimos agredidos por nuestros empleadores", ha añadido Breñas, quien ha denunciado que "el recorte en el caso de docentes puede ser de hasta 500 euros mensuales".
Por ello, también ha anunciado la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la "vulneración de derechos fundamentales" que, según ha dicho, "se votan en los parlamentos, no se regulan en las comunidades autónomas".
