21 de enero de 2012
21.01.2012

Bienestar Social dice que"recolocará" a los discapacitados de los centros que cierren

El presidente de Aerte asegura que la salud es más prioritaria que la educación y el pago a las farmacias

21.01.2012 | 01:58

El pulso que la Asociación Empresarial de Residencias de Tercera Edad (Aerte) mantiene con la Generalitat Valenciana por el impago de trece millones de euros de la asistencia durante el último año a 1.300 enfermos discapacitados y enfermos mentales, la mitad de los cuales son tutelados del Consell, ha llevado a la entidad a pedir instrucciones a la Conselleria de Bienestar Social sobre cómo actuar para no dejar a los internos en la calle, ante el inminente cierre por quiebra de varios de los centros afectados.
Esta ha sido la segunda estrategia de Aerte para forzar a la Administración a pagar, tras acudir el pasado martes a la Fiscalía a denunciar el desamparo y abandono que sufren los tutelados del Consell que ha provocado la apertura de unas diligencias procesales civiles.
La conselleria apenas se ha inmutado ante el anuncio del posible cierre de las instalaciones y ha manifestado que "se buscará sitio en las residencias de titularidad pública para recolocar a los dependientes y enfermos mentales" y que el anuncio no es más que una estratagema para forzar a la Administración a que salde la deuda contraída en el último año.
Por su parte, el presidente de Aerte, Alberto Giménez, declaró ayer a Levante-EMV que la prioridad de pago en estos momentos no es la educación, como dijo ayer la titular del departamento Mercé Català, "sino la salud".
Giménez afirmó que la orden de pago está ya cursada y que es la Conselleria de Hacienda la que no abona la factura pendiente.
"Nosotros, a diferencia de otros sectores como los farmacéuticos, no podemos hacer huelga, porque no podemos echar el cierre durante tres días en nuestros establecimientos porque tenemos que cuidar a los discapacitados y enfermos mentales y seguiremos haciéndolo", agregó el presidente de Aerte.
Algunas de las residencias han comenzado ya a hablar con las familias de los internos para tantear la posibilidad de que se los lleven a sus domicilios ante la imposibilidad de mantener los centros abiertos. "En algunos es que ya no pueden más", destacó Giménez que indicó que en el caso de los internos tutelados las residencias tampoco cobran la parte proporcional de la pensión (75 %)) como ocurre con el resto, porque la Generalitat tampoco la paga.

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