El Gobierno de Alberto Fabra tiene decidido ya el cierre de la empresa pública Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat, SA (Ciegsa) y la venta de la sede que costó a la sociedad 6,5 millones y en la que se instaló a mediados de 2009, hace dos años y medio, dentro de los planes de reestructuración del sector público valenciano. La firma, creada en julio de 2000, ha sido uno de los paradigmas de la política de alegría en el gasto de los ejecutivos de Zaplana y Camps, toda vez que, si bien acometió la licitación de la construcción o reforma de cientos de colegios e institutos en la C. Valenciana, las instalaciones llegaron a costar hasta dos y tres veces el precio estimado. Tan es así que, con un millar de aulas prefabricadas lastrando aún la red educativa valenciana, la entidad acumula una deuda de 2.248,7 millones, de los que 1.632,4 son a largo plazo y 616, a corto.
Los planes para liquidar Ciegsa, que se concretarán a lo largo de 2012, trascendieron ayer, el mismo día en que el pleno del Consell acordó una nueva inyección de capital para sufragar las pérdidas de la entidad, de forma que el capital social de la entidad se amplía hasta los 439.687.620 euros, dividido en 146.270 acciones nominativas de 3.006 euros de valor nominal cada una de ellas. Una aportación —prevista en los presupuestos— que bien podría ser la última.
Ciegsa fue puesta en marcha en la etapa de Eduardo Zaplana al frente del Consell con el argumento de agilizar las inversiones necesarias para hacer realidad el mapa escolar, sin la sujeción a los procedimientos legales en la contratación que debe cumplir la Conselleria de Educación como Administración pública. Pero, lo que se vendió como una mayor flexibilización, acabó convirtiéndose en el coladero a un sinfín de irregularidades. Año tras año, la Sindicatura de Comptes denunciaba los incumplimientos de la ley de Contratos incurridos en las multimillonarias adjudicaciones de Ciegsa, un bocado extraordinariamente apetitoso para las constructoras que se beneficiaron.
Sobrecostes
El ejemplo más perverso en la actuación fue el procedimiento seguido por la empresa pública durante años de tramitar las licitaciones de los centros educativos con un presupuesto «orientativo» que, tras su adjudicación, inexorablemente sufría incrementos hasta definir un presupuesto definitivos, todavía sometido a más modificaciones al alza. De este modo, fue tónica habitual en estos doce años que centros que partían con un precio, registraran grandes sobrecostes.
El Consell, obligado a meter la tijera en el sector público para reducir el gasto y cumplir con los objetivos de déficit, ha decidido una drástica reducción del sector público, de forma que las 46 sociedades y entidades actuales se integrarán en sólo seis «holdings». En el proceso, Ciegsa será liquidada. El colmo es que, a lo largo de este tiempo, y mientras la gestión de la empresa era cada vez más cuestionada, el Gobierno valenciano optó por licitar también infraestructuras educativas a través de convenios del Instituto Valenciano de la Vivienda y otras directamente, con convocatorias del propio departamento de Educación. El actual director de Ciegsa, José López Guardiola, intentó reconducir la gestión, eliminando, por ejemplo, el citado procedimiento de licitaciones con procedimientos orientativos, pero la suerte de esta firma estaba cantada. López Guardiola, por otra parte, es amigo personal del expresidente Francisco Camps.
«Hoy no tiene sentido»
Fuentes del Gobierno valenciano aseguraron que doce años después de este «plan de choque» para materializar el mapa escolar «hoy no tiene ningún sentido» que la Generalitat mantenga una estructura para acometer unas inversiones que la Conselleria de Educación puede realizar perfectamente. Eso, sin tener en cuenta que el margen para invertir, con el colapso de las cuentas autonómicas por la crisis financiera y el hundimiento de los ingresos, ha quedado reducido a la mínima expresión. Las obras que haya que licitar ya las hará directamente el departamento que ahora dirige María José Català.
Con la supresión de la entidad pública, el Consell también estudia la venta de la sede que ocupa en la actualidad en la calle Poeta Bodría, de Valencia, unos bajos de 2.600 metros cuadrados que anteriormente fue una sede del INEM. Ciegsa pagó 4,5 millones por los locales y cerca de 2 en remodelarlo. Esta enajenación no estaba incluida entre los edificios y solares que la Generalitat previó vender el año pasado —que todavía no ha concretado ante la situación del mercado inmobiliario— y por los que espera ingresar en total cerca de 400 millones. De llevar adelante el proyecto de enajenación, la expectativa es hacer caja en unos 6 millones de euros.
Una empresa con 94 empleados, 5 de ellos directivos, y un gasto en personal de 3,8 millones
La empresa pública creada en su día para gestionar la construcción de centros educativos, una misión que bien podría haber desarrollado directamente la Conselleria de Educación, cuenta con una amplia plantilla de 94 personas, en la que gastó en 2010, último año auditado por la Sindicatura de Comptes, 3.893.047 euros. Del total de integrantes de la plantilla, 5 eran personal de alta dirección; 14, mandos intermedios; 46, personal administrativo; y 29, personal técnico. Ciegsa destinó a las retribuciones del personal de alta dirección durante 2010 un total de 282.626 euros, lo que da una media de sueldo bruto anual de 56.525 euros. El cierre de la empresa afectará lógicamente al futuro de este personal, que para la oposición forma parte de la nómina de colocados por el PP. Una parte podría lograr acomodo en algunos de los seis grandes «holdings» a que quedará reducido el sector público valenciano una vez se culmine su reestructuración, pero el resto será despedido. Ciegsa es ahora candidata a sufrir uno de los ERE que se auguran en las sociedades públicas de la Generalitat que serán eliminada o fusionada con otras, de acuerdo con las exigencias del Ministerio de Hacienda. j. g. g./J. R. valencia
