Una de cada cinco medidas que se proponen en el Plan de Mejora de Eficiencia con las que la Conselleria de Sanidad pretende ahorrar de 500 a 400 millones de euros en un año son de cajón. Aunque el conseller de Sanidad, Luis Rosado, se ha comprometido a negociar las nuevas iniciativas de ajuste con los representantes sindicales antes de ordenar su aplicación, los evidentes beneficios que reportarían a las paupérrimas arcas sanitarias aconsejan su inmediata puesta en marcha.
Una de las acciones es controlar la prescripción de las recetas rojas de los pensionistas (medicamentos gratuitos) a los pacientes sin derecho. En este mismo capítulo de contención de la factura farmacéutica se propone estrechar la vigilancia de las recetas que se expiden a mano a personas fallecidas y a mutualistas privados que no tienen derecho. También se ordena vigilar los casos de pacientes con hiperprescripción y a los facultativos que recetan en demasía.
Para conseguir una mayor eficacia gestora, se propone vigilar el cumplimiento horario y las incompatibilidades de los médicos titulares en el sector privado. El documento también recoge que la incomparecencia al trabajo se tendrá que justificar con un parte de baja o un justificante oficial del médico de cabecera, que parece más que evidente.
Revisar los contratos de servicios básicos como lavandería y limpieza y del mantenimiento de ascensores, vehículos del parque móvil y aplicaciones informáticas y la reducción del gasto en reparaciones también supondría un relevante ahorro.
Eliminar la nómina de papel
Otra de las recomendaciones es reciclar piezas de impresoras como tóneres, fusores, tambores, láseres, rodillos... para mantener las que ya existen y no tener que reponerlas por nuevas. El documento propone eliminar el consumo del papel de la nómina tras la implantación electrónica del documento y suprimir del papel de las actividades asistenciales que ya están informatizadas como la hoja de administración de medicamentos o las peticiones de análisis y rayos equis.
También parece de perogrullo controlar el duplicado de las pruebas diagnósticas entre los centros de especialidades y hospitales y revisar las que piden los médicos internos residentes MIR para que no se prescriban en exceso y aumentar el número de alertas en los programas informáticos Abucasis y Orion para detectar repetición de análisis y pruebas. Capítulo especial merece el control de las exploraciones radiológicas. El documento concluye que hay que crear protocolos de petición de TAC o Resonancias Magnéticas y que cuando la solicitud se haga por formato electrónico se sugiere mejorar el control con filtros previos e informes de consumo de los médicos que las demanden.
Para frenar la elevada frecuentación de este tipo de pruebas que en la Comunitat Valenciana triplica la media nacional y que constituye una de las mayores sangrías económicas del sistema tras la adjudicación de las mismas a empresas privadas, -decisión que se adoptó hace diez años contra la opinión de las sociedades científicas-, se propone ahora revisar a diario todas las peticiones que se hagan, "para evitar duplicidades innecesarias y verificar su pertinencia".
El documento recoge una vieja reivindicación de los radiólogos: que sean ellos mismos, los propios especialistas de los servicios de radiodiagnóstico quienes validen la idoneidad de la petición. Las enfermeras se pronunciarán sobre la necesidad o no de aplicar anestesia.
El documento insiste mucho en la necesidad de "racionalizar" la demanda de resonancias, tanto en primaria como en especializada y propone crear filtros cualitativos y cuantitativos a las peticiones que se formulen.
El documento propone mirar con lupa el pago a las empresas adjudicatarias. Y para ello lo primero que se recomienda es comprobar las facturas: que estén las se han hecho y bajo los parámetros indicados. También se indica que hay que confirmar la calificación de los estudios dobles y triples y verificar los pluses facturados por los contrastes y anestesia. El plan aconseja que los informes los hagan radiólogos de los servicios -otra de las eternas peticiones- para reducir el importe facturado por la adjudicataria.
Facturas de UCI privada
Otra de las iniciativas que se proponen para ahorrar es revisar las facturas por estancia en las UCI de los enfermos operados de cirugía cardíaca en las clínicas privadas del plan de choque y afinar el control de los precios de las prótesis con los proveedores a los que se les exigirá la aplicación de la garantía de los productos.
En este apartado se hace especial mención a la necesidad de reducir el coste de los desfibriladores automáticos implantables, lo que podría ahorrar hasta 1.666 euros por paciente, así como de los stent que reportarían un ahorro de 266 euros por enfermo.
Menos vigilantes y más cámaras de vídeo
Una de las trescientas medidas de ajuste que se recogen en el Plan de Mejora de la Eficiencia de la Conselleria de Sanidad plantea reducir el número de vigilantes jurados en los hospitales y centros de salud. Y para suplir el número de efectivos que pueden desaparecer se propone instalar cámaras de vigilancia en las instalaciones sanitarias.
La medida habla también de revisar los contratos con las empresas de seguridad para reducir los gastos y el número de empleados.
En el mismo paquete se apunta la posibilidad de incluir un periodo de formación a los guardas jurados de los centros de salud para que puedan hacer la "captura de datos" de los pacientes y proceder así a la correspondiente facturación.
En la necesidad de reducir a toda costa cualquier tipo de gasto, el departamento que dirige Rosado también estudia la posibilidad de eliminar el mantenimiento de las propias bases de datos.
