23 de enero de 2012
23.01.2012

Los constructores acusan al Consell y a los consistorios de permitir las escombreras

La patronal atribuye la existencia de vertederos ilegales a la pasividad de las administraciones para aplicar el decreto que regula la gestión de los residuos

23.01.2012 | 01:21

La no aplicación del Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición RCDs por parte de la Generalitat Valenciana y de los ayuntamientos es responsable de la existencia de vertederos ilegales de escombros, según el diagnóstico realizado por la Asociación Valenciana de Empresarios de Maquinaria, Contrucción y Obras Públicas (Avemcop).
El decreto, que entro en vigor el 2 de febrero de 2008, es, según fuentes de esta asociación, «el instrumento correcto para evitar la actual situación, tanto a nivel de vertidos ilegales, como de actividades empresariales ilegales amparadas por licencias insuficientes para la actividad de gestión y eliminación que se realizan, lo que crea una competencia ilegal inaguantable para los gestores y las plantas legalmente establecidas». Fuentes de Avemcop mostraron su decepción por la escasa aplicación de este decreto. «Hemos realizado diversas acciones en pro de su aplicación mediante escritos y reuniones en la Conselleria de Medio Ambiente, Cámara Valencia y organizaciones empresariales. Además hemos remitido a los ayuntamientos en dos ocasiones el texto del real decreto demandando la urgente aplicación del mismo».
La normativa, que regula el proceso de generación, gestión y eliminación de los RCDs, contempla, entre otras disposiciones, que las empresas y particulares que realizan una obra que genera residuos necesitan justificar documentalmente el tratamiento y destino final que se va a dar a los mismos. El requisito es obligatorio y sin el documento no debería concederse licencia de obras municipal.
Por otra parte, los empresarios lamentan también que las Administraciones local y autonómica no incluyan en sus pliegos de condiciones la obligatoriedad de realizar una correcta gestión de los RCDs en instalaciones legalmente establecidas. Otras comunidades autónomas lo están haciendo, subrayan. La no aplicación de la norma favorece además el desconocimiento sobre la misma, lo que favorece la actividad ilegal.

La crisis afecta
Los empresarios admiten que el problema del vertido incontrolado de escombros y la competencia desleal que está destruyendo el sector existía «antes» de la crisis , pero se ha «agravado» en la situación actual. La asociación empresarial constata la proliferación de los vertidos de escombros «con el daño ecológico, ambiental y estético que supone» y recuerdan que ante uno de estos vertidos son los ayuntamientos quienes están obligados a «subsanar» la situación a su costa.
Finalmente, la Avemcop estima que el incumplimiento del Real Decreto, su no trasposición a las ordenanzas municipales y los efectos que provoca todo ello sobre el terreno, «entra en colisión» con el Plan Integral de Residuos, la Estrategia Territorial Valenciana y con el anteproyecto de ley para el desarrollo y aplicación en la Comunitat Valenciana de la ley de Responsabilidad Ambiental.

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