Decenas de familiares y amigos despidieron ayer el cuerpo sin vida de José Enrique Valero, el vecino de Alboraia que falleció el pasado sábado de madrugada en los toros de Sant Antoni de Navajas. La iglesia de la Asunción de localidad de l’Horta Nord acogió a las 16.30 horas el funeral por la primera víctima mortal de los toros en 2012 después de que la familia haya esperado durante todo el fin de semana a que concluyese el examen forense para recuperar y velar durante unas pocas horas el cadáver.

Por otra parte, Mari Carmen Valero, hermana del fallecido, anunció ayer a este periódico que está estudiando la posibilidad de poner las causas de la muerte de José Enrique en manos de un abogado y denunciar lo sucedido el sábado en aquel trágico «bou embolat» de Navajas. «Por el momento, aún no sabemos lo que hacer. Lo tengo que consultar con mis padres, porque lo que ha pasado es muy fuerte», explicó Mari Carmen tras el entierro. La mujer recordaba ayer que, según el reglamento autonómico aprobado por decreto en 2010 para regular los «bous al carrer», en el recinto taurino no puede haber obstáculos que dificulten el paso de toros y corredores «como era ese montón de leña del que se cayó José Enrique. Lo justo es que alguien pague por lo que ha ocurrido».

Por el momento, la máxima institución responsable de lo que suceda en éste o cualquier otro recinto de festejos taurinos de la Comunitat Valenciana todavía no se ha pronunciado al respecto. Fuentes de la Conselleria de Gobernación tampoco quisieron valorar ayer lo ocurrido y se limitaron a asegurar que sus técnicos todavía están analizando los informes que hizo la Policía Autonómica tras la muerte de José Enrique en los «bous» de Sant Antoni, según informa Levante de Castelló.

El artículo del reglamento autonómico que regula la instalación de elementos en el recinto de los «bous» permite colocar «cualquier estructura» siempre que esté «validada por el director del festejo», algo que sí ocurrió. Pero, a la vez, también señala que el mismo responsable deberá vigilar que estos elementos «no presentarán materiales o acabados que menoscaben la seguridad del participante o del animal». Así pues, el gobierno autonómico tendrá que comprobar que el montón del leña del que cayó José Enrique tras subir allí el astado que instantes después le aplastaría y decapitaría, estaba dispuesto de tal forma que cumplía la normativa autonómica.

Lo cierto es que media hora antes de que comenzase el toro, tanto las fuerzas de seguridad como un técnico privado contratado por el ayuntamiento y experto en festejos taurinos, corroboraron que el recinto cumplía con la normativa, según aseguró el domingo el alcalde de Navajas José Vicente Torres. Se desconoce si en este visto bueno se incluía la ubicación los troncos apilados junto al muro y la posibilidad que subieran allí los espectadores del festejo, como en este caso era José Enrique. A este respecto, tanto el regidor como los organizadores de los «bous» se limitaron a señalar el domingo que el montículo «siempre se ha colocado allí» y que la presencia de troncos en el recinto es una «tradición ancestral».

El PSPV propone que sea la diputación la que contrate la seguridad de los «bous al carrer»

En la provincia de Valencia, cada ayuntamiento ha de contratar todos los servicios de seguridad para la celebración de sus «bous al carrer». Por ello, el grupo socialista ha presentado una moción para que sea la diputación, a través de la Central de Compras, quien contrate las prestaciones de servicios médicos, ambulancias y seguros de responsabilidad civil. Se trata de una forma de gestionar los festejos que, como aseguró el diputado socialista Emili Gregori, la Diputación de Castellón ya ofrece. Asimismo, la medida incluye que la diputación estudie la posibilidad de subvencionar a los municipios que decidan unirse a estas contrataciones. En palabras del diputado provincial, la centralización de los servicios en la Diputación de Valencia permitiría ahorrar dinero a las arcas municipales, que pasan por momentos económicos «muy complicados». Gregori destacó la gran cantidad de municipios valencianos donde se celebran los «bous al carrer». Además, señaló que la normativa reguladora de estas actividades es cada vez «más exigente» para preservar la seguridad de los participantes y recordó que la responsabilidad, en última instancia, «siempre recae en los ayuntamientos como organizadores o como responsable civil subsidiario». j. p. de la cruz valencia