Con el blindaje que otorga ocupar la Presidencia del Gobierno y en medio del desprestigio que afecta a la clase política por la crisis, Mariano Rajoy parece finalmente decidido a aplicar mano dura contra la presunta corrupción en el Partido Popular. Y varios dirigentes orgánicos y cargos públicos del PP valenciano (como Francisco Camps, Ricardo Costa o Carlos Fabra, entre otros) pueden verse directamente afectados.
Se trata de la nueva «Carta de Compromisos» que tendrán que firmar obligatoriamente los cargos de PP y que se ha incluido en la Ponencia de Estatutos que se aprobará en el XVII Congreso Nacional de Sevilla que el partido celebra a mediados de febrero. Según esa carta, todo dirigente debe «comunicar» a Génova la apertura de cualquier proceso judicial contra él, y «poner a disposición del partido el cargo público u orgánico que ostente». Es decir, que en la práctica el PP obligaría a dimitir a cualquier cargo que se siente en el banquillo. La Carta es de obligado cumplimiento para todo candidato electoral, cargo público o dirigente del PP.
De aplicar a rajatable este código ético, el listado de dirigentes valencianos que queda en el punto de mira de la dirección nacional del partido es extenso. Entre ellos los diputados autonómicos y exnúmeros uno y dos del PPCV Francisco Camps y Ricardo Costa, que actualmente esperan el veredicto en el juicio de los trajes.
En Castelló, el presidente provincial del PP, Carlos Fabra, se encontraría en la misma situación de Camps y Costa, después de que el juzgado de Nules haya abierto juicio oral contra él, con una fianza de 4,2 millones.
También podrían verse afectados a medio plazo por el nuevo código la diputada y alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su antecesor y también diputado Luis Díaz Alperi, ambos implicados en el caso Brugal. Y el ex alcalde de Torrevieja y diputado en las Corts, Pedro Hernández Mateo, imputado.
En Valencia también podría incumplir este código el vicepresidente de la diputación Enrique Crespo, imputado por varios delitos en el caso Emarsa. El concejal de Moncada Luis Botella está imputado en la misma investigación.
Ha sido en el caso Emarsa, precisamente, donde se ha producido la más reseñable suspensión de militancia dentro del PPCV. La del ex gerente de la depuradora de Pinedo y ex alcalde pedáneo de Benimàmet, Esteban Cuesta.
Curiosamente, ha sido el nuevo líder del PPCV, Alberto Fabra, el que ha recibido de Rajoy el encargo de redactar una ponencia que modificará el capítulo Primero de los Estatutos del partido, y que pone en un aprieto a varios de sus antiguos dirigentes. La difusión de esta ponencia de Estatutos ha coincidido con el final del juicio de los trajes y con la apertura del proceso contra Carlos Fabra.
Imputación conlleva expediente
Por otro lado, en cuanto a la apertura de expedientes disciplinarios, la ponencia de Estatutos añade una novedad: se abrirá expediente en el momento en que se tenga conocimiento de una imputación judicial por «cualquier forma de corrupción». Una vez tramitado, el Comité de Derechos y Garantías del partido podrá suspender de funciones o de militancia al cargo en cuestión, dependiendo del caso. En los casos de sentencia firme con pena de prisión o inhabilitación, se procederá a la expulsión del partido.
Un documento ya incumplido
La nueva iniciativa de la dirección de Mariano Rajoy pretende poner coto a «comportamientos indeseables» dentro del partido. Y para ello reinventa un código ético que en los últimos años ha estado rodeado de polémica por la denuncia de doble rasero por parte de la oposición. De hecho, este mismo texto que ahora quiere elevarse a los estatutos del partido ya fue propuesto en 2009, en plena tormenta Gürtel. Con todo, en los últimos años Mariano Rajoy ha contemporazido y evitado tomar medidas disciplinarias con la mayoría de cargos salpicados por la corrupción.
