La Audiencia Provincial de Castelló ha ampliado la nómina de imputados del caso Fabra. Desde ayer, el ex senador del PP por Castelló Miguel Prim volverá a ser investigado por su supuesta participación en las mediaciones ministeriales que el empresario Vicente Vilar y el presidente del PP por Castelló, Carlos Fabra, llevaron a cabo a finales de los años 90 con la finalidad de comercializar un largo listado de productos plaguicidas agrarios.

Prim fue imputado en un primer momento en el juzgado de instrucción de Nules, pero finalmente quedó al margen de la investigación.

En un auto que se dio a conocer ayer, la Audiencia confirma el archivo provisional de la causa respecto a cuatro ex altos cargos: Pilar Máñez, ex directora general de Calidad Ambiental de la Generalitat Valenciana; Rafael Milán, ex director general del Ministerio de Agricultura; Rubén Moreno, secretario general de Gestión y Cooperación Sanitaria; y María Dolores Flores, ex directora general de Sanidad. Sin embargo, los magistrados "revocan el archivo provisional en relación con Miguel Prim Tomás, dejándolo sin efecto y acordando la continuación de las actuaciones en relación con él por un supuesto delito de tráfico de influencias".

La decisión se produce tras dos meses de deliberaciones a propósito de un recurso planteado por la Unión de Consumidores (UCE), que había pedido la ampliación del número de imputados. La UCE considera que hubo gestiones irregulares al más alto nivel en Agricultura y Sanidad con el objetivo de lograr la autorización de los productos fabricados por Naranjax.

Prim no podrá recurrir la decisión de la Audiencia ante el Supremo, con lo que el juicio podría celebrarse a mediados de este año.

El juzgado de Nules investiga si Prim recibió instrucciones de Carlos Fabra para interesarse por los productos de Naranjax en el Ministerio de Agricultura. Según obra en el sumario, el parlamentario castellonense envió una carta con fecha de 2 de septiembre de 1999 al entonces ministro Jesús Posada (en la actualidad presidente del Congreso de los Diputados). En la misiva se habla de los problemas de Naranjax y Prim añade que "a la máxima brevedad se le dé luz verde al producto comercial, así como a los otros productos que te he mencionado en este escrito".

Este dato lleva a los magistrados a pensar que "existen indicios de que el señor Prim Tomás pudo haber cometido comportamientos que podrían ser constitutivos de un delito de tráfico de influencias, siquiera en grado de tentativa".

Esta tarde expira el plazo para el aval

La diputada castellonense del PP en el Congreso, Andrea Fabra, confirmó ayer que su padre recibió el lunes la notificación del juzgado de Nules para que abone una fianza de 4,2 millones bajo amenaza de embargo de sus bienes. El plazo de un día que le concedió el juez Jacobo Pin para satisfacer su deuda se cierra, por tanto, hoy a las tres de la tarde. Fabra podría también optar por comunicar al instructor que dispone ya del aval de su banco o en su defecto lo está tramitando con la entidad financiera. Esta tramitación puede llevar días o incluso semanas. Una vez que el banco tome una decisión sobre si concede el aval, pueden ocurrir dos cosas: que Fabra deposite el dinero o que se declare insolvente, en cuyo caso el juez ordenará el embargo patrimonial en la cantidad suficiente para cubrir la garantía.

La lentitud con la que se producen las notificaciones judiciales tiene mucho que ver con un modelo decimonónico en el que todo el papeleo tiene que pasar necesariamente por los procuradores, que no acuden a los juzgados de Nules a diario. En este caso, la decisión del juez Pin de imponer una fianza a Fabra está tomada desde el pasado viernes. J. A. castelló