La magnífica sintonía que en los últimos años marcaba la relación entre el Consell y las cinco universidades públicas valencianas se rompió el 17 de enero cuando los respectivos rectores convocaron a sus consejos de gobierno de forma extraordinaria para explicarles la «situación límite» provocada por los impagos del Consell, que puede llevar al cierre de los campus o, como ellos lo calificaron en un manifiesto: «Comprometer el abono de todas las obligaciones» y «el funcionamiento del sistema».

Fue la reacción tras comprobar que la subvención de la Generalitat para las nóminas de noviembre de sus trabajadores —17.000 en el conjunto entre profesores, investigadores, administración y servicios— no había llegado con el nuevo año. Ni ésta ni la de diciembre, como tampoco la anualidad por la cancelación de la deuda histórica reconocida en 2008: 197.159.854 euros que dejaban de ingresar, con la correspondiente tensión en su tesorería para pagar intereses.

Las universidades han gozado de una excelente financiación del Gobierno autonómico a lo largo de la década pasada: 910.236.616,74 euros fue el montante de 2010 para el global del sistema académico. Además, en mayo de 2008 se alcanzó un acuerdo de ambas partes que comprometía más de 914 millones entre 2008-2022 para saldar los compromisos adquiridos por financiación e infraestructuras de las que se han dotado en un ambicioso plan inversor (1.126 millones de euros para construir un millón de metros cuadrados de campus en la última década). Y en septiembre de 2010 suscribieron con el Consell el nuevo Plan Plurianual de Financiación (el segundo) hasta 2017 de 7.000 millones de euros para los 7 años de vigencia, siempre según datos oficiales.

Con la crisis, sin embargo, estos planes quedaron ralentizados y las universidades sufrieron un recorte en la subvención de la Generalitat que afectó a sus presupuestos anuales. En 2012, la Universitat de València cuenta con 344,62 millones (24 millones menos del Consell), un 5,47 por ciento menos que en el ejercicio anterior (en 2009 se redujeron un 0,49 %; en 2010, un 2,98 % y en 2011, un 1,57%). La Politècnica, por su parte, dispone de 350 millones, un 6,2 % menos, aunque la disminución del presupuesto de la Generalitat ha sido de un 10,1 %, casi 27 millones. En la Jaume I de Castelló, la cifra es de 104,84 millones, con un recorte del 8,54 %. Similares ajustes han realizado las otras dos instituciones académicas alicantinas.

Las medidas que las universidades han ido aplicando para paliar esta reducción afectan tanto a centros como departamentos, con el recorte de gastos; han disminuido vicerrectorados y actividades culturales; no se construyen más edificios salvo los ya comprometidos y se pone el acento en el ahorro energético, con el cierre en vacaciones de instalaciones; los precios de los alquileres de espacios están revisados y han subido las tasas, incluidas las deportivas.