Corría el año 2001 y Alberto Catalá ya era presidente de Feria Valencia (acaba de renovar mandato, el tercero). En unas declaraciones públicas manifestaba que el coste previsto de las obras de ampliación del recinto ferial se elevaría a 300,5 millones de euros. La cifra suponía casi duplicar el presupuesto del proyecto original. En 2004, el patronato aún aprobó nuevos instrumentos de financiación para cubrir lo que iba a ser el coste definitivo, más de 645 millones de euros, más del triple de la previsión inicial. Ningún responsable de Feria, y menos aún el propio Catalá o la presidenta del patronato, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, han explicado al detalle las razones de ese sobrecoste espectacular. El año pasado, debido a la caída del negocio y su situación económico-financiera, Feria Valencia se vio obligada a presentar un ERE.
Para poder pagar las obras, Feria Valencia suscribió préstamos con el Banco Europeo de Inversiones y con el Santander y lanzó una emisión de obligaciones por valor de 227,5 millones de euros. Además, embarcó al Instituto Valenciano de Finanzas en la búsqueda de financiación bancaria con el aval de la Generalitat. Solo la emisión de obligaciones, que se lanzó en 2002, tiene un plazo de vencimiento de 25 años. Es decir, las obras de ampliación de Feria Valencia no se pagarán al menos hasta 2027. En lo que se refiere a la parte directa de la Generalitat, en 2010 tenía al menos 92,5 millones de euros pendientes de pagar por las obras.
Este es solo uno de los muchos ejemplos de cómo tanto la Administración autonómica como las entidades que se mueven en su órbita planificaron inversiones en la etapa de bonanza y crédito fácil. El Consell tiene gastos comprometidos a ejercicios futuros más de 27.000 millones de euros, sin computar muchas de las sociedades mercantiles, de los que 2.412 corresponden, entre otros compromisos, a los contratos de concesión de obra pública para la construcción, conservación y explotación de autovías y 14.179 millones al servicio de la deuda.
Con esas cifras y los problemas para abrir nuevas líneas de ingresos y financiación va a ser muy complicado que el Ejecutivo de Alberto Fabra pueda presupuestar nuevas inversiones en esta legislatura. El problema se agrava si se tiene en cuenta además que la Comunitat Valenciana dejó en 2006 de ser considerada Objetivo1 de la Unión Europea, con lo que esto implica de pérdida de fondos comunitarios. No en balde, el Consell lleva ya dos ejercicios reduciendo a la mínima expresión su gasto en inversiones reales. En 2011, las licitaciones se desplomaron un 65 % (según datos de Seopan de enero a noviembre).
Pagos aplazados
La Generalitat afronta la segunda fase de la crisis económica con muchas de sus grandes obras hipotecadas hasta las cejas. La Ciudad de las Artes y las Ciencias, cuyo coste se eleva ya a casi 1.300 millones de euros, tenía a cierre de 2010 436 millones de euros en operaciones de crédito pendientes de amortizar. El último de los tramos de los préstamos solicitados al Banco Europeo de Inversiones no vence hasta el año 2025. En medio hay vencimientos en 2014, 2015, 2017, 2019,2021 y 2023. El abono de estos créditos tiene por objeto sufragar la financiación de los elementos de Cacsa. Pero no todos. El último de ellos, el Ágora se planificó para que la UTE contratista cobrase las certificaciones de obra con un plazo de cinco años y nueve meses desde su registro. Como la plaza cubierta de Calatrava aún no está terminada no es aventurado decir que no terminará de pagarse al menos hasta 2017. Este modelo de financiación lleva aparejado además el devengo de intereses que se elevan a 994.892 euros.
Cacsa no es la única empresa pública que ha diferido notablemente la amortización del crédito obtenido para acometer inversiones. La Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, mercantil impulsora de Terra Mítica y responsable de ejecutar proyectos como la Ciudad de la Luz y los auditorios de Torrevieja y Benidorm, acumulaba a cierre de 2010 (último ejercicio con auditoría pública) 298,9 millones de euros de vencimientos a largo plazo con entidades de crédito. La lista incluye préstamos que no se pagarán hasta 2036, como uno con Dexia Sabadell de más de 84 millones de euros.
Pero no solo los grandes proyectos de ocio y culturales se han financiado con deuda que ahora pesa como una losa cuando de planificar nuevas actuaciones se trata. En 2002, cuando no había problemas de financiación y nada hacía presagiar la crisis que se avecinaría al final de la primera década del siglo XX, el entonces titular de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (Coput), José Ramón García Antón, realizaba una encendida defensa del «método alemán» (pagar por la obra cuando ya está ejecutada y entregada) «al que también recurre el Estado, es un buen método, que se puede hacer perfectamente y se debe hacer porque tiene resultados muy positivos: crea empleo y riqueza y se están haciendo infraestructuras como nunca».
Diez años después aquellas apuestas pesan como una losa sobre los presupuestos de la Conselleria de Infraestructuras que se limita al pago de lo que se debe y mantener en buenas condiciones lo ya construido. Para muestra un botón. Las cuentas de 2012 incluyen 1,8 millones para pagar las obras del metro-tranvía entre Marítim y Serrería (inaugurada en 2007), y que se mantendrán, como mínimo, hasta 2014. De hecho, con esta situación lidió el anterior conseller de Infraestructuras, Mario Flores, durante los cuatro años que estuvo al frente del departamento. Por ejemplo, en las cuentas de 2010 sólo destinaba el 15,21% de su presupuesto de inversiones reales (26,6 millones) a obras nuevas que debían licitarse en 2010. El resto del capítulo VI de inversiones directas del presupuesto se destinaba a pagar proyectos ya terminados, que aún se ejecutaban o modificados de obras.
En ese mismo año 2010, por ejemplo, también se continuaban pagando carreteras ya acabadas el tramo de Elx de la Vía Parque (5,9 millones), Lo Morant-Avenida Universidad de Alicante (2,4 millones), la autovía Ròtova-Terrateig (6,8 millones) o la ronda norte de Valencia entre Maestro Rodrigo y Benimàmet (6,7 millones), inaugurados hace años y que aún se seguían pagando en 2010. Incluso algunas que aparecían en las cuentas públicas de 2010, continúan figurando en 2012 como la ronda de Orihuela (2,8 millones), el acceso norte al puerto (9,3 millones) o la CV-18 entre Burriana y Almassora (1,3 millones), entre otras infraestructuras.
Empresarios y contratistas de obra públic se han preparado para varios años de sequía inversora en la Comunitat Valenciana. Al margen del hundimiento de las licitaciones, la Generalitat tiene muchas obras ya ejecutadas y aún sin pagar y muchas empresas sobreviven arrancando a las entidades financieras pólizas de crédito a la espera de que el Consell desatasque la traquea de su financiación y puedan, al menos, cobrar el dinero que se les debe.
Institutos que no se pagarán hasta el año 2.034
La estrategia de crear sociedades mercantiles capaces de alcanzar altos grados de apalancamiento para sufragar infraestructuras tiene en Ciegsa uno de sus principales baluartes. La mercantil pública acumula más de 1.700 millones de euros de deuda con entidades de crédito y el Banco Europeo de Inversiones. La deuda se ha ido acumulando al tiempo que se ejecutaban centros escolares. Con la Generalitat al borde de la quiebra, los centros públicos y concertados asfixiados por la falta de pago de la conselleria de Educación y el Gobierno central tratando de imponer techos de gasto a las autonomías va a ser muy difícil que puedan acometerse muchas de las obras pendientes y más aún planificar nuevas actuaciones de inversiones educativas. Ciegsa tardará más de viente años en devolver los préstamos que tiene concedidos. El vencimiento más a largo plazo es uno con el BEI por importe de 180 millones de euros fijado en 2036.
Lo preocupante para Ciegsa es que no ha sido hasta este año cuando se han iniciado muchas de las amortizaciones. Es decir, la empresa pública comienza ahora a pagar obras ya ejecutadas. La ausencia de ingresos propios obligará al Consell (avalista de todas las operaciones) a inyectar los fondos necesarios para atender los compromisos financieros. Sólo en 2012, los informes de auditoría de Ciegsa recogen más de 200 millones de vencimientos de deuda a largo plazo. Con estos números no es de extrañar que el departamento que ahora dirige María José Català haya renunciado prácticamente a licitar nuevos colegios e institutos y a tratar de buscar la complicidad de un sector privado cade vez menos atraído por los experimentos financieros de la Generalitat. Al margen de Ciegsa, la Conselleria de Educación tiene además 1.096 millones de euros en gastos ya comprometidos a ejercicios futuros. Es el tercer departamento más hipotecado, por detrás de Infraestructuras y Transporte (2.412 millones) y Sanidad (6.453 millones de euros). Como en el resto de conselleries inversoras, en la puerta de Educación se amontonan contratistas y proveedores a los que no paga. v. romero valencia
