Los gastos de funcionamiento de los centros educativos públicos de la Comunitat Valenciana van a tener criterios distintos a los actuales. La Conselleria de Educación prevé modificar la normativa que data de 1995 —siendo conseller el socialista Joan Romero— y que contempla que los equipos directivos presenten sus balances contables al año vencido. La idea es que se rindan cuentas cada trimestre para ejercer un mayor control.

«Estamos trabajando para actualizar la norma, que ahora es una orden y pasará a ser decreto. Vamos a contar con la opinión de los directores, quienes realizan una magnífica gestión, y se hará siempre con el respeto a la autonomía de los centros» puntualizó el director general de Centros, Rafael Carbonell, a Levante-EMV.

La intención es establecer nuevos criterios de asignación económica a colegios e institutospara sus gastos de funcionamiento «con autonomía y flexibilidad».

«Han quedado obsoletos criterios como la distancia de la localidad respecto a la capital de la provincia y se quiere actualizar el de la altura. Además, se unificarán los contratos de los servicios y suministros, como luz y gas, a través de una central de compra» explicó a este diario Carbonell.

Así, se evitarían situaciones como las vividas esta semana, en la que por falta de dinero ante los impagos de los gastos por parte del Consell, un instituto no pudo abonar el recibo de la luz un instituto no pudo abonar el recibo de la luz y la compañía eléctrica le cortó el suministro o, en el caso del combustible, que no tengan calefacción.

Este responsable de la conselleria añadió que «deseamos un control del gasto y tener la cuenta de resultados a posteriori y a priori».

Al mismo tiempo, se busca posibilitar nuevos ingresos para los centros —no solo los que provengan de la subvención de Educación—, por medio de prestar las instalaciones, realizar actividades y obtener beneficios instalando paneles solares, por poner unos ejemplos. «Se trata de abrir el abanico y conseguir un remanente que permitirá autofinanciarse para realizar obras menores o equipamientos no muy costosos. Hay que priorizar en qué gestionan el dinero» añadió.

Una orden para la sostenibilidad

En paralelo a la elaboración del nuevo decreto sobre el control del gasto en los centros educativos, la Conselleria de Educación trabaja en una orden para la sostenibilidad en los mismos.«Se trata de sensibilizar para priorizar determinados gastos y que los centros adopten medidas» señaló el director general Rafael Carbonell, aunque puntualiza que «en general, los centros gestionan bien pero con la orden actual no se puede hacer mucho más que estar eternamente ingresando dinero».

La conselleria ingresa anualmente 53 millones de euros a los centros para sus gastos de funcionamiento, aunque el mayor montante económico se destina a los institutos públicos de Educación Secundaria y Formación Profesional, así como a las enseñanzas especiales, ya que los colegios de Infantil y Primaria corren a cargo de los ayuntamientos donde se encuentran. En un cuatrimestre, a los colegios de Infantil y Primaria ingresan 5,4 millones de euros, mientras que el bloque de Secundaria alcanza los 12,4 millones por el mismo periodo. Esta semana, Educación ha ingresado el segundo cuatrimestre del año pasado, tras una situación insostenible, pero aun queda el tercero y lo que ya lleva de este año. Los directores quieren conocer los pazos de pago. m. ducajú valencia