El Gobierno valenciano ultima un proyecto de ley de Participación Institucional de los agentes sociales para acabar con el actual "mercadeo" de las subvenciones a la patronal y a los sindicatos. Unas entidades que, en la actualidad, se llevan un importante bocado de la tarta de los presupuestos, al menos 56 millones anuales. La coyuntura de grave crisis, unida al colapso financiero de la Generalitat, ha llevado al Gobierno de Alberto Fabra a tomar la decisión de meter la tijera también a estas ayudas. Pero, a cambio, el Consell quiere ofrecer a los agentes económicos y sociales un marco estable, unas reglas de juego para que sepan a qué atenerse y que a la vez garantice su financiación.
Hasta ahora, el reparto de fondos es una suerte de ley de la selva. Cada uno negocia directamente con el Ejecutivo las subvenciones, vía convenio específico, que aspira a recibir. Eso, con independencia de las convocatorias de ayudas en el marco de los planes de empleo o de competitividad, entre otras, a las que se presentan. Pero lo que más incomoda al Ejecutivo es el regateo, en pugna unas organizaciones con otras, de los recursos, a través de negociaciones que en nada se parecen a una adecuada transparencia. "Es un mercado; eso se tiene que acabar", recalcan fuentes del Ejecutivo.
La nueva ley consagrará el derecho de estas organizaciones a recibir una financiación de la Generalitat, a través de una partida consignada en las cuentas anuales. Habrá un capítulo dedicado al fomento de la participación de la patronal y de los sindicatos en las políticas en materia socioeconómica. El reparto, según fuentes del Ejecutivo, quedará determinado mediante criterios de mayor representatividad de las organizaciones -en un importe proporcional a su peso- y de paridad entre patronal y sindicatos. La partida concreta no se conocerá hasta que se fije la cuantía en los presupuestos de 2013. Ya se sabe que habrá recorte, aunque será "gradual", apuntan las mismas fuentes del Consell.
Actualmente, el bocado del presupuesto que se llevan los agentes sociales es difícil de determinar, ya que sólo una parte de las ayudas incluidas en las cuentas son nominativas. Es decir, que figuran con el beneficiario ya determinado. El resto se engloba en líneas genéricas que afectan a veces a ayuntamientos y otras organizaciones sin fin de lucro. No obstante, a partir del informe de la Sindicatura ya se conocen los fondos en materia de empleo -gestionados a través del Servef- que se llevaron en 2010: 47,4 millones. Del total, la patronal autonómica recibió 16 millones; CC OO, 12,4; UGT, 12,2; y CSIF, 1,6. El resto se lo llevaron -administraciones al margen- entidades empresariales como Ateval (1,8 millones) y Femeval (1,8), y la Fundación de la Comunidad Valenciana Pacto por el Empleo. Las cantidades que figuraban en las cuentas de 2010 en las líneas nominativas eran menores.
Abono directo
Paralelamente, en las cuentas de 2012, las ayudas nominativas de la Conselleria de Industria y la sección Gastos Diversos en beneficio de este colectivo ascienden a 8,6 millones, de los que 4,4 son para Cierval; 868.000 euros, CC OO; 808.000, UGT; 100.000, CSIF y 90.000, Cecoval. Aparte hay 2,2 millones para las organizaciones sindicales y 200.000, para patronal y sindicatos. De este modo, sólo en las áreas de empleo, industria y gastos diversos los agentes sociales reciben al menos 56 millones anuales, de los que Cierval suma 20,4 millones; CC OO, 13,2 millones; UGT, 12,9 millones; y CSIF, 1,7 millones
Con el nuevo marco, los fondos -mediante los que las organizaciones canalizan ayudas para crear empleo o en formación, así como para incentivar la creación de empresas- se abonará directamente a las empresas y sindicatos.
