La Fiscalía Anticorrupción descartó ayer recurrir ante el Supremo el veredicto del jurado que absolvió al expresidente de la Generalitat Francisco Camps y al exnúmero dos del PPCV Ricardo Costa del delito de cohecho impropio. La decisión de Anticorrupción se produce tres días después de la toma de posesión del nuevo fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, aseguró el lunes que el Gobierno había reafirmado su compromiso de respetar la autonomía e independencia de la Fiscalía y el Poder Judicial. La postura de la Fiscalía fue celebrada por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y por el portavoz del Consell, José Císcar. El PSPV y Compromís lamentaron el criterio adoptado y cuestionaron la independencia del nuevo fiscal.

Un portavoz de la Fiscalía aseguró a Levante-EMV que «Anticorrupción ha decidido no apelar la sentencia porque tras analizar el contenido jurídico no ha encontrado base suficiente para formalizar el recurso de casación ante el Supremo». La acusación popular, que ejerce el PSPV, sí que ha hallado la base jurídica para apelar.

Fuentes del TSJ confirmaron ayer que la acusación popular puede presentar el recurso en solitario. Otras fuentes jurídicas consideran que el recurso puede desembocar en la repetición del juicio porque «el veredicto no está justificado. El jurado no explica cómo ha llegado a la conclusión de que Camps le pagó personalmente los trajes al sastre». El abogado de la acusación popular, Virgilio Latorre, tiene previsto presentar el recurso el próximo lunes.

El jurado popular emitió su veredicto tras tres días de deliberaciones, situación que evidencia que los nueve miembros del tribunal no lo tenían claro. La declaración de no culpabilidad de los dos acusados salió adelante por cinco a cuatro. Una de las claves del veredicto fue que los ciudadanos que juzgaron al expresidente llegaron a la conclusión de que le pagó las prendas al sastre José Tomás, una hipótesis que ni el propio Camps planteó en el juicio.

Dos fiscales Anticorrupción de Madrid han trabajado durante tres años en la acusación contra Camps, Costa y los dos condenados por la misma causa (el exvicepresidente Víctor Campos y el exjefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret). Las dos fiscales de Madrid también están al frente de la causa de la financiación junto al responsable de Anticorrupción en Valencia, Jesús Carrasco.

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, aseguró que se alegraba «muchísimo» de la respuesta de la Fiscalía, y el portavoz del Consell, José Císcar, dijo que «seguro que es una decisión amparada en derecho». La portavoz adjunta de Compromís en las Corts, Mónica Oltra, se mostró convencida de que la Fiscalía Anticorrupción no recurre por decisión del Gobierno.

El diputado socialista Ángel Luna entendió que el cambio de criterio de la Fiscalía es «una clara muestra de falta de independencia» del nuevo fiscal general. Luna insistió en que el PSPV mantiene su recurso al considerar «bochornoso el veredicto del jurado, como han reconocido la mayor parte de los medios jurídicos». El alcalde Morella, Ximo Puig --uno de los cuatro representantes socialistas que firmaron la querella - dijo ayer que «no sé por qué se ha recurrido -en relación al recurso de su partido- pero siempre he dicho, antes y ahora, que la política tiene que estar en la política y la justicia en la justicia».