Presidencia de la Generalitat ha decidido dar otra vuelta de tuerca en el control del gasto en la Administración con la creación de una comisión que, entre otras cuestiones, vigilará a los altos cargos para que apliquen políticas de ahorro y se ajusten de forma estricta a su presupuesto. Según anunció el vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, los equipos directivos de las distintas conselleries tendrá que certificar mes a mes que en su departamento "no se gasta un euro más" del que tienen consignados. Con esta medida, acordada ayer por el pleno del Consell, se quiere visualizar su compromiso con la austeridad en un momento de máxima debilidad de las cuentas autonómicas y promover el autocontrol en el gasto. Está por ver qué consecuencias tendrá este examen periódico a los altos cargos que por temor a posibles sanciones podrían inhibirse a la hora de autorizar gastos.

Císcar admitió que un eventual incumplimiento de sus compromisos podría acarrear algún tipo de sanción. Eso sí, el Consell no ha querido llegar tan lejos y esperará a la aprobación de la ley de estabilidad presupuestaria anunciada por el Gobierno central. Esta norma, cuya letra pequeña se desconoce, prevé exigir responsabilidades a los malos gestores. El propio ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, encendió la mecha de la polémica aludiendo a posibles responsabilidades penales en caso de incumplimiento de los objetivos de déficit. Ayer, Císcar precisó que para ello habría que reformar el código penal, una cuestión, señaló, que escapa a las competencias de la Generalitat.

Las exigencias para los altos cargos serán extensibles a los directivos del sector público. Estos serán controlados a través de la secretaría autónomica del sector pública adscrita a la Conselleria de Economía.

Junto a la certificación de los altos cargos, la nueva comisión interdepartamental cumplirá otras funciones. Así, entre las tareas de este organismo destacan la de establecer un marco general para la gestión eficiente del gasto y la propuesta de medidas de ahorro, coordinar las políticas de ahorro, e informar sobre proyectos normativos. La comisión quedará adscrita a Presidencia, en concreto, a la subsecretaría, y se creará a través de un decreto-ley. Císcar recordó que la comisión será complementaria a las tareas que llevará adelante la unidad especial de control del gasto del Cuerpo superior de interventores y auditores de la Generalitat. En principio, tal como se acordó en la reunión del pleno del Consell de la semana anterior, esta unidad auditará el gasto que se destina a las prestaciones farmacéuticas, la asistencia jurídica gratuita, los centros docentes de titularidad pública, el personal docente, el departamento de salud La Fe y la empresa pública Vaersa.

Sus recomendaciones serán vinculantes y obligatorias para los distintos departamentos. El vicepresidente del Ejecutivo mantuvo ayer que el Gobierno valenciano ha abierto "una lucha sin cuartel contra el déficit y el control del gasto", y aseguró que su voluntad es ir más allá de lo que lo que diga la ley de estabilidad presupuestaria.