¿Cómo ve la Justicia en estos momentos?

La Justicia está bastante deteriorada pero no se trata de ahora, es algo que viene de lejos porque nunca se le ha atendido como es debido. No da votos y tanto a nivel de personal (jueces y funcionarios) como en medios ha estado siempre dejada porque no era rentable políticamente.

¿Cómo tendría que ser la Justicia en tiempos de crisis?¿Qué problemas tiene que resolver con mayor urgencia?

Lo que está haciendo el Gobierno con la crisis es acometer reformas estructurales porque esas no cuestan dinero. Como la nueva designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), o del Constitucional...

¿Cree usted que esas son las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos?

No, pero la gente ve la politización del CGPJ y del Constitucional y eso daña. Con el Estatut de Cataluña, con Bildu, con los nombramientos, se va midiendo quién es de derechas y quién de izquierdas, ven que estos organismos no tienen autonomía. Y por eso los ciudadanos no confían en la Justicia.

Luego confirma que la Justicia se mueve por criterios políticos.

Los jueces actúan con rectitud, aunque no se puede evitar que cada uno tenga su tendencia, pero los nombramientos de los altos órganos de la Justicia están viciados porque dependen de los políticos. Los políticos deben intervenir porque el Parlamento representa al pueblo, pero hasta un punto.

¿Piensa de verdad que cambiando el sistema de nombramientos da respuesta la Justicia a los problemas de la gente?

Existe un cabreo tremendo porque la Justicia está politizada y los ciudadanos no se fían. Por ello es una baza importante la confianza que el Gobierno quiere restaurar. La otra sería modernizarla, pero eso implica dinero y ahora no hay.

¿Qué cree usted que un país con cinco millones de parados espera de la Justicia en procesos como Gürtel, Brugal, Matas, Urdangarin...?

Son casos escandalosos y la gente espera que la Justicia sea objetiva, imparcial y rigurosa. El Rey ha dicho que la Justicia es igual para todos y si hay que meter en la cárcel a Urdangarin, pues se le mete.

Sí, pero no se cita a declarar a su mujer, la infanta Cristina.

Pues habría que citarla. Si yo fuera el responsable de esa instrucción lo haría. Si formaba parte de unas sociedades, algo sabe. Parece que la mayor responsabilidad es la del marido, pero él arrastró a la compañera, que no parece tonta. Citarla contribuiría a que el ciudadano creyera en la Justicia. No se la puede dejar fuera ni evitar que declare porque no tiene ningún privilegio.

¿Habría que endurecer las leyes contra delitos de cuello blanco?

El problema con este tipo de delincuentes no son las penas sino descubrirlos y probar los hechos. Si se consigue esto y se sanciona con la legislación que existe, ya sería un paso importante. Lo otro es endurecer las condenas a los siete que se cogen cuando hay 700 por ahí. Han aumentado los medios de investigación y se pone voluntad pero no es suficiente porque se trata de delitos enrevesados. La delincuencia transnacional lo complica aún más y los mecanismos para eludir a la Justicia también han avanzado.

¿Es lícito acudir al Derecho Penal como solución a los males de la política?

El Derecho Penal es la última llamada a los problemas.

Es decir, que si hemos llegado a este punto es que estamos mal.

Muy mal. Cuando llegan los procesos políticos a los tribunales es que las cosas no están nada bien. La mayor dificultad está en delimitar qué es lo prohibido sin restar libertad de gestión al político, sería algo así como decirle: «Usted tiene que invertir en hospitales, garantizar que habrá medicamentos, que haya colegios para los niños, y luego ya puede gastar en la Ciudad de las Artes o en lo que sea».

Según ese planteamiento, que se paguen 15 millones por el proyecto y las maquetas de tres torres que ni llegaron a hacerse, como ocurrió con Calatrava en Valencia, ¿sería delito?

Si hubiera estado regulado, sería condenable. Pero si lo hubiera estado, quizá no lo habrían hecho. Por eso hay que regularlo.

Si este delito estuviera ya delimitado, y a la vista de la situación de la C. Valenciana, ¿cuál sería el castigo a sus gestores?

De cárcel. Si hubiera estado delimitado, de cárcel. Es uno de los casos más claros porque la Comunidad está en bancarrota por gastos superfluos, suntuarios. Que se quería lanzar la imagen de la Comunidad, bien, pero no mientras se deja de operar por la tarde por falta de dinero. Cosas así justifican la inclusión de estas actuaciones en el Código Penal porque, respetando la libertad del político y los mecanismos de control de un Estado de Derecho, como puede ser el Tribunal de Cuentas, han convertido la libertad en libertinaje y se han pasado por arriba desatendiendo lo de abajo. Tal vez ha sido porque no esperaban este hundimiento, pero aunque no se hubiera hundido la economía la cosa la estaban poniendo difícil.

Quien ha presidido la C. Valenciana durante las dos últimas legislaturas acaba de ser absuelto por un jurado popular de un delito de cohecho impropio imputado porque, según las acusaciones, se dejó agasajar por la trama corrupta de Francisco Correa que a su vez obtuvo pingües beneficios de la C. Valenciana. ¿Cree usted que un tribunal formado por magistrados le habría condenado?

Es muy probable. La diferencia entre un tribunal popular y uno de técnicos es tremenda. He visto en el Supremo veredictos de jurados que son barbaridades, no porque se haya condenado a un inocente sino porque, con pruebas de asesinato, se ha castigado por falta de lesiones.

¿Luego es cierto que es fácil que un jurado absuelva a un culpable?

Si has cometido un delito es mejor que te juzgue un jurado porque es posible que por los siete votos (precisos para la culpabilidad) te salves. Si no lo has cometido, que te enjuicie un tribunal técnico. Esto viene a decir que los profesionales, por muy flojitos que sean, ofrecen más garantías. Lo ideal sería un jurado mixto. En Francia, Italia y Alemania lo tienen así y avisaron a España que hiciera lo mismo, pero no hicimos caso.

¿Los miembros de un jurado son más influenciables?

No solo eso, sino que al no saber tecnicismos pueden hacer barbaridades.

¿Debería modificarse la ley?

Debería y existe el modo. Dejar los asuntos más pequeños para el jurado puro y los serios, para el escabinado, es decir, el mixto.

¿Deben tener responsabilidad penal dirigentes de entidades de crédito que las han llevado a la ruina, como ha ocurrido con la CAM?

Yo creo que sí, regulándolo... y sin regularlo, porque hay un delito societario que castiga estas actuaciones, que exige responsabilidad penal a quien de forma consciente ha dañado a la sociedad o a los socios. Y lo de la CAM ha sido una barbaridad que ha provocado una pérdida de puestos trabajo y perjuicios para sus clientes, entre otros cosas.

¿Se podría actuar penalmente contra aquellos que se han garantizado una jubilación millonaria?

Eso es diferente porque puede estar acordado por los consejos de administración con lo sería inmoral pero no delictivo.