Este lunes se inicia el proceso de embargo de los bienes del expresidente de la Diputación y presidente provincial del PP, Carlos Fabra, con el fin de cubrir la fianza de 4,2 millones de euros que le impuso el juez en el auto de apertura del juicio oral por el 'caso Naranjax', según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Carlos Fabra y su exmujer, María de los Desamparados Fernández, presentaron una relación de inmuebles, tal y como solicitó el juez de primera instancia e instrucción número 1 de Nules, para proceder al embargo de sus bienes y cubrir la fianza de 4.270.859,60, en el caso del dirigente provincial del PP, y de 1.718.192,80 en el caso de su exposa.

Además, en dicho acuerdo también se incluye al exsocio de Carlos Fabra, Vicente Vilar, y la exesposa de éste último, Montserrat Vives, a los que se pide una fianza de 800.000 euros a cada uno, ambos, así mismo, imputados en esta causa.

Las partes, concretamente Carlos Fabra y su exmujer, solicitaron aclaración del auto que imponía la fianza y un mayor plazo para responder al requerimiento, peticiones que desestimó el juez, quien les dio tres días para informar de su relación de bienes. Esta decisión se produjo después de que, tras finalizar el plazo, las partes no verificasen las fianzas.

Los bienes declarados de Carlos Fabra ascienden a 3,9 millones de euros y sus deudas a 1,7 millones, según consta en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón del 22 de enero de 2011, cuando todavía era presidente de la Diputación.

Fabra, en el apartado de bienes inmuebles según el valor catastral y el porcentaje de titularidad, declara 599.623,03 euros, a los que se suman 3.302.807 euros correspondientes a otros bienes. En el pasivo aparecen créditos, préstamos y deudas por 1,715.821,94 euros. Y, en el tercer apartado, aparecen los ingresos por actividades por valor de 158.092,02 euros.

Por otra parte, en el escrito de conclusiones provisionales de la acusación popular (Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana) del 'caso Naranjax', esta parte indica que Carlos Fabra pudo utilizar los más de 30 préstamos hipotecarios que tenía para blanquear dinero, delito por el que no está imputado el dirigente del PP de Castellón, ya que será juzgado por cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal.

Así, la UCE sostiene que el expresidente de la Diputación pudo realizar con dinero metálico el pago de vencimientos en diversas entidades bancarias "sin llamar tanto la atención", según han informado fuentes conocedoras del asunto de la acusación popular.