07 de febrero de 2012
07.02.2012
Protesta

Cuarenta funcionarios pasan la noche en tres sedes autonómicas encerrados por los recortes

Las amenazas de la Guardia Civil de multas de hasta 3.000 € disuelven la protesta de los empleados en la Ciutat de la Justícia

07.02.2012 | 02:23
Encierro de los miembros de las juntas de personal de los servicios centrales y territoriales en la Conselleria de Administración Pública.

Los representantes sindicales de los funcionarios y el personal laboral de la Generalitat dieron ayer un salto cualitativo en su batalla contra el tijeretazo del Consell en el sector público al llevar a cabo, de forma coordinada, una decena de encierros en edificios autonómicos que acabaron, en algunos casos, con la intervención de la policía y la Guardia Civil y el desalojo de los sindicalistas por orden del gobierno autonómico y la Delegación del Gobierno, ambas instituciones controladas por el PP. Al final, tres encierros salieron adelante (dos en Valencia y uno en Castelló) y 40 sindicalistas pasaron la noche encerrados en distintas sedes de la Generalitat: 12 trabajadores durmieron en la Conselleria de Administración Pública; 8 empleados en la dirección territorial de Bienestar Social; y 20 funcionarios en la Casa dels Caragols de Castelló.

El pulso sindical comenzó a media mañana y ya lo hizo de forma organizada. Las juntas de personal (órganos unitarios de representación del personal funcionario) y los comités de empresa (del personal laboral) de los diferentes sectores de la Generalitat se reunieron simultáneamente en varios edificios autonómicos para consensuar la respuesta contra el decreto-ley de los recortes. Allí mismo decidieron una medida de presión que, según revelaron fuentes sindicales a este diario, ya habían preacordado la semana pasada: encerrarse en los locales públicos donde estaban reunidos y llevar a cabo un encierro de 24 horas.

De este modo empezaron los encierros sindicales en las sedes de la Conselleria de Administración Pública; en la Conselleria de Educación, Formación y Ocupación; en la Conselleria de Sanidad, en la dirección territorial de Bienestar Social; en el Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA); en la Ciutat de la Justícia de Valencia; en la Torre de la Generalitat y el Palacio de Justicia de Alicante; y en la Casa dels Caragols de Castelló. En total, un centenar largo de representantes de los cinco sindicatos. Era la cúpula de los funcionarios y empleados públicos. El envite al Consell estaba servido.

Después de unas horas de confusión, el secretario autonómico de Administración Pública, Pedro García Ribot, entró a las tres y media de la tarde en el encierro de los sindicalistas de su conselleria. Les advirtió de que debían salir del edificio y que, si no, entraría la policía a desalojarles en quince minutos. Los trabajadores se negaron. Y la policía, que llegó hasta el vestíbulo del edificio de la calle Micalet, no intervino.

Llega la Guardia Civil
El primer desalojo simbólico en Valencia se produjo en la Ciutat de la Justícia poco antes de las ocho de la tarde. Los alrededor de quince representantes sindicales de Justicia allí reunidos recibieron la visita del capitán de la Guardia Civil y los agentes que custodian el centro. "El capitán nos ha dicho que teníamos que salir del edificio porque iban a cerrarlo. Que era orden de la delegada del Gobierno y que, si nos negábamos, presentarían una multa gubernativa por desobediencia a la autoridad que iba de los 300 a los 3.000 euros", aseguró anoche a este diario el presidente del comité de empresa de Justicia, Vicente Serrat (UGT). Los sindicalistas debatieron durante media hora qué hacer. Finalmente, el temor a la cuantía de las sanciones los llevó a bajar los brazos y, como ya había ocurrido en el Palacio de Justicia de Alicante, salir del edificio poco antes de las ocho de la tarde.

Ésa fue la hora (o un poco antes) a la que acabaron la mayoría de encierros. Pero hubo tres que resistieron y lograron el objetivo inicial de pasar la noche. La más numerosa —por aglutinar a todos los representantes sindicales de los funcionarios autonómicos de la provincia— fue la de Castelló. Más simbolismo tuvo la organizada por las juntas de personal de los servicios centrales y los servicios territoriales en la sede de la Conselleria de Administración Pública.

Entre los doce apóstoles públicos que se quedaron allí encerrados figura Adel Francés, presidente de la junta de personal de los servicios centrales de la Generalitat por Intersindical. Por teléfono, destaca que "el encierro es un símbolo de la plena unidad de acción de los funcionarios, y con él se quiere enviar un mensaje a nuestros compañeros y al gobierno valenciano: no vamos a parar y haremos lo que sea necesario para que el Consell suspenda este decreto y negocie con los sindicatos". A su lado, Toni Calderón, vicepresidente de la junta de personal por parte de UGT, se mostraba "indignado" por la actuación del Consell y alertó de que el decreto "es un ataque no sólo a los funcionarios, sino a todos los trabajadores por las subidas del combustible o las deducciones del IRPF que contiene, además de un ataque a los servicios públicos".

Mientras los encerrados se aprovisionaban de bocadillos, agua y chaquetones para pasar la noche, y confiaban en que la calefacción de los centros no se apagara, la policía autonómica les pidió el DNI y acordaron que el encierro de Bienestar Social acabará a las 9.30 de hoy, y que el de Administración Pública y el de Castelló terminará a las 10 h. de hoy.

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